(NODI) El pasado mes de diciembre
se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, como reforma de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. Esta nueva ley entró en vigor el 31 de diciembre de 2013. Con el
nuevo texto se persiguen varios objetivos básicos: clarificar las competencias
municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras
Administraciones de forma que se haga efectivo el principio «una Administración
una competencia», racionalizar la estructura organizativa de la Administración
local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad
financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y
favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones
administrativas desproporcionadas. Esta reforma del ámbito local no se hace en
un momento cualquiera sino en un contexto de fuerte necesidad social en el que
no sólo se necesita ser racional y sostenible con las Administraciones Públicas
sino ser «racional y sostenible» con los ciudadanos, especialmente con los más
vulnerables, para evitar los efectos permanentes de esta crisis; para evitar
que lo que parecía una situación coyuntural se convierta en un cambio de modelo
estructural. Desde Cáritas, reconocemos que era necesaria una reforma que
evitara duplicidades innecesarias y saneara la economía de los municipios, pero
nos preocupa el cambio de modelo en el que el municipio, la entidad más
cercana, pierde autonomía y se concentra en entidades más grandes y por tanto
más lejanas al ciudadano. En su momento, Cáritas transmitió a los diferentes
grupos parlamentarios su preocupación por el cambio de modelo que plantea el
texto, ante el riesgo que supone de alejamiento de los municipios a los
ciudadanos, sobre todo en las zonas rurales, lo que resultaría especialmente
grave en lo que respecta al acceso a los servicios sociales por parte de las
personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Los aspectos que más nos
preocupan, por los efectos a medio y largo plazo que pueden tener sobre el modelo
de servicios sociales, son los siguientes:
a) La Ley fija la transferencia
de la competencia en materia de servicios sociales a las Comunidades Autónomas
en el plazo de dos años, incluyendo en coste de los mismos.
Las Comunidades Autónomas podrán,
si así lo deciden, introducir «medidas» por racionalización del servicio. El
término racionalización del servicio, recogido en el apartado primero de la
Ley, es un término jurídico indeterminado que puede conllevar, quizás no la
supresión de un servicio o una prestación, pero si la imposición de una
condición previa de acceso, o el traslado territorial o cierre de un servicio…
sin que exista un fundamento claro del porqué de esa medida tan drástica.
Nos preocupa que buscando un
objetivo acertado, como es el de pagar por los servicios prestados por los ayuntamientos
bien por haberlos delegado, bien por no haberlo hecho (recibiendo en ese caso
los fondos a cuenta de la CCAA) se pueda producir una reducción no justificada de
los recursos materiales y personales (pueden perderse 70.000 empleos en dos
años).
b) Modificación de las
competencias de los municipios en materia de servicios sociales.
No hay claridad en el reparto de competencias,
lo que puede suponer un retraso aún mayor en las prestaciones a los ciudadanos y otros aspectos.
Según el texto, son los municipios con población superior a 20.000 habitantes
los que deberán prestar: protección civil, evaluación e información de
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación
o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e
instalaciones deportivas de uso público. Aquí se está poniendo en peligro el
principio de Igualdad ya que al alejar de los municipios las prestaciones
sociales básicas, la promoción y la reinserción social, se quiebra un principio
básico de la intervención social: la cercanía.
c) Empadronamiento:
Se introduce la posibilidad de exigir
visados a extranjeros no comunitarios para acceder al empadronamiento.
Consideramos que esta medida
desvirtúa la naturaleza del empadronamiento y condena todavía más a la
invisibilidad a un sector de la población que vive entre nosotros.
De manera concreta, Cáritas
propone que se permita desarrollar una organización técnica y competencial que
ponga en el centro de sus objetivos a las personas en situación social más
precaria, a través de dos niveles de atención (primario y secundario) y con un
criterio de proximidad de los servicios a la vivienda habitual de los
ciudadanos.
Por otro lado, Cáritas plantea la
necesidad de que el Estado garantice unos derechos mínimos, determine quién es
la población titular de los mismos y qué tipo de atención queda garantizada.
A largo plazo los daños
personales y familiares, tanto en términos económicos como sociales, serán
mayores, ya que los ciudadanos no tendrán acceso directo y cercano a los
servicios sociales.
Maite Sánchez Grisalvo
Trabajadora Social, Animadora Caritas Vicaría
IV
NODI. Noticias Diocesanas (del 20
de abril al 3 de mayo de 2014)
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