La Comisión General de Justicia y Paz de España, ante los graves acontecimientos que se vienen produciendo en Libia, emitió en fecha de 24 de febrero un comunicado en el que, entre otras consideraciones, se condenaba duramente la violenta represión gubernamental contra la población civil y se pedía a la comunidad internacional que se implicara en detener la violencia del régimen libio y promover una resolución pacífica de la situación que diera paso a un nuevo régimen democrático en aquel país.
En estos momentos, una coalición internacional, liderada fundamentalmente por Francia, Gran Bretaña y EUA, con la implicación de España además de otros países, apoyándose en la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, desarrolla operaciones militares aéreas de ataque a las fuerzas armadas libias y de control del espacio aéreo.
Ante esta intervención, la Comisión general desea manifestar:
1. La intervención militar internacional plantea muy serios interrogantes legales, éticos y políticos. Por un lado, las operaciones de bombardeo parecen ir más allá de lo que prevé la Resolución del Consejo de Seguridad, la cual sólo autoriza las medidas estrictamente necesarias para proteger a la población civil y crear una zona de exclusión aérea.
Por otro lado, los ataques aéreos, de consecuencias a largo plazo imprevisibles y peligrosas, pueden producir también, si no han producido ya, víctimas civiles y no contribuyen a la resolución del conflicto, sino a enquistar una situación de partición y guerra civil en el país. Existen otras medidas alternativas, políticas, legales, judiciales y diplomáticas, sobre el régimen libio y su líder, algunas ya en marcha, para proteger en lo posible a la población civil y promover el fin de dicho régimen.
2. En cualquier caso, es evidente que buena parte de los gobiernos implicados en la operación militar tienen una grave responsabilidad moral en la situación creada, ya que durante años ampararon al régimen dictatorial de Muammar el Gadafi y, lo que es más grave, le han vendido abundantes armas que ahora éste utiliza para aplacar la revuelta.
3. Por consiguiente, la operación militar viene a encubrir políticas gubernamentales profundamente erróneas, que suponen el apoyo habitual a regímenes dictatoriales que vulneran los derechos humanos y la pasividad ante sus crímenes, así como la promoción de un comercio de armas peligroso e irresponsable y, como consecuencia, el fomento de una absurda espiral militarista. Ello contribuye a generar situaciones que acaban empujando a intervenciones militares internacionales, a menudo mezcladas con intereses nacionales.
4. Por todo ello, reiteramos nuestra petición a la comunidad internacional para que, aparcando intereses estratégicos nacionales, desarrolle todas las actuaciones políticas, legales y diplomáticas necesarias que permitan poner fin a todas las formas de violencia en Libia y contribuyan a una resolución pacífica de la actual situación mediante un gobierno de transición democrática.
5. Igualmente, reiteramos nuestra llamada a los responsables políticos, colectivos y ciudadanía de aquel país para que se decrete un el alto el fuego y cese de toda violencia, se haga posible la vuelta con garantías de los desplazados y refugiados, y se inicie un proceso pacífico de transición hacia un nuevo régimen democrático, sin Muammar El Gadafi, basado en el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho.
6. Por último, pedimos a todos actores implicados que faciliten la actuación de la prensa y medios de comunicación, de los cuales esperamos una información veraz, independiente y contrastada de la situación y su evolución.
Comisión General de Justicia y Paz
Madrid, 23 de marzo de 2011
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