Índice de contenidos
PrefacioPrólogo
Texto de la declaración
Introducción
1.- Fundamentos culturales de la economía social de mercado
2.- Iniciativas comunitarias y voluntarias en materia de bienestar en la economía social de mercado
3.- Economía de mercado y competencia
4.- Política social
5.- Desarrollo sostenible de la economía social de mercado
Conclusión
Prefacio
En esta declaración, los obispos de la Comisión de las Conferencias
Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE) se pronuncian sobre el concepto de
«una economía social de mercado altamente competitiva», que se ha convertido en
uno de los objetivos de la Unión Europea desde la entrada en vigor del Tratado
de Lisboa. El concepto de economía social de mercado se viene empleando
principalmente en los países germanófonos, aunque también ha estado presente en
la tradición constitucional de otros países de la UE como Polonia. En la
actualidad se ha convertido en un concepto legal con un sólido arraigo en los
tratados europeos, aunque aún le falta desarrollarse y materializarse. Es por
ello que nosotros, en nuestra calidad de obispos, desearíamos contribuir a este
proceso, tal como veníamos haciendo en el pasado respecto a otras cuestiones de
la política europea.
Las raíces del concepto de «economía social de mercado» se encuentran en la
herencia filosófica y religiosa europea, y más concretamente en la herencia cristiana.
Este es el motivo por el que nos parecía oportuno y legítimo abordar esta
cuestión desde nuestra perspectiva, a pesar de reconocer abiertamente que no
somos expertos en muchas de las cuestiones planteadas.
Por todo ello, solicitamos, en principio en marzo de 2010, a la Comisión
Social de la COMECE, presidida por el Cardenal Reinhard Marx, Arzobispo de
Múnich y Frisinga, que elaborara un borrador de declaración. Nos gustaría
expresar nuestro agradecimiento a nuestra Comisión Social y a su Presidente,
además de a sus muchos y excelentes expertos, por su diligente trabajo
preliminar y asesoramiento. Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para hacer
un agradecimiento especial al Director del Centro de Ciencias Sociales
Católicas de la Conferencia Episcopal Alemana y a sus colegas de
Mönchengladbach. La Conferencia sobre Ética Social, organizada conjuntamente
con la Secretaría de la COMECE en mayo de 2011, supuso un importante paso para
la elaboración del proyecto final, el cual discutimos a lo largo de dos
sesiones plenarias y adoptamos finalmente el pasado mes de octubre.
Los obispos católicos, en cuyo nombre los obispos de la COMECE realizan el
seguimiento del proceso de integración europea, se sienten estrechamente
vinculados a la tarea de integración europea. No obstante, en la actualidad se
hace necesario comunicar a los ciudadanos europeos la importancia de dicha
tarea. Estamos plenamente convencidos de que el concepto de la economía social
de mercado puede resultar de gran utilidad a este respecto. Dicho concepto
encarna un equilibrio perfecto entre los principios de libertad y solidaridad.
Hace referencia al respeto por el valor de todos los seres humanos y a la
protección particular de los que están más desprotegidos. En el marco y los
límites de nuestra responsabilidad específica, nos gustaría trabajar junto a la
Unión Europea para construir una comunidad sincera de solidaridad y
responsabilidad, que tenga asimismo en cuenta sus obligaciones a escala
mundial.
+ Adrianus van Luyn,
Obispo de Róterdam
Presidente de la COMECE
Obispo de Róterdam
Presidente de la COMECE
Prólogo
La publicación de este texto se produce en un periodo convulso. En el
momento de redactar estas líneas, y a pesar de la existencia de algunos
indicios esperanzadores tras las últimas cumbres de la Unión Europea y la
Eurozona, nadie puede predecir el rumbo que emprenderá la Unión Europea, ni si
podrá responder con solidaridad y responsabilidad a los desafíos que se le
plantean.
No cabe duda de que, en los últimos años, la Unión Europea se ha visto
inmersa en el periodo de los procesos internos más intensos desde su fundación.
Incluso en la actualidad, no parece divisarse un final en el horizonte. Tras la
grave crisis bancaria y financiera, que en 2008 afectó primero a los Estados
Unidos y posteriormente se extendió a otros países y continentes, a principios
de 2010 comenzaron a surgir dudas en el seno de la comunidad financiera
internacional respecto a la solvencia de algunos Estados de la Eurozona. Los
niveles de la deuda nacional se habían disparado hasta cotas insostenibles en
relación con los resultados económicos, de manera que dejó de ser posible su
reembolso en buena y debida forma fuera de sus propios recursos. Lo que en un
principio solo había afectado a determinados Estados de la Eurozona acabó por
expandirse posteriormente a casi todos los demás. Por ello, resulta
indispensable hoy día adoptar una serie de medidas comunes y decisivas que
permitan evitar que se dañen los cimientos del orden de paz europeo
establecido, aunque ello conlleve una serie de concesiones y sacrificios por
parte de todos nosotros.
El desplome de la Eurozona tendría una serie de efectos considerables en
toda la Unión Europea. Un motivo muy importante para la introducción del euro
fue evitar que se produjera una espiral devaluatoria de las monedas nacionales
dentro del Mercado Común. Por lo tanto, a largo plazo la disolución de la unión
monetaria acabaría socavando los logros del Mercado Común que, desde la firma
del Tratado de Roma de 1957, ha constituido el corazón del proceso de
integración. ¡No podemos dejar que ese corazón deje de latir!
El a menudo despreciado Mercado Común Europeo contribuyó de forma decisiva
en el pasado a mantener la paz en las naciones de un continente saqueado por la
guerra y a que sus ciudadanos disfrutaran de libertad y prosperidad. Sin
embargo, actualmente no podemos dejar que el proceso de integración europea se
quede estancado: el Mercado Común Europeo debe seguir desarrollándose. Este es
por tanto el objetivo que persigue la presente declaración de los obispos de la
COMECE. En nuestra declaración, que constituye nuestra contribución al debate
público, proponemos hacer que el Mercado Común evolucione con arreglo al
concepto de una economía social de mercado que permita a la Unión Europea
convertirse por sí misma en una comunidad viable de solidaridad y
responsabilidad.
Desde esta perspectiva y de cara a la crisis europea actual, es importante
y primordial reafirmar los fundamentos culturales del concepto de la economía
social de mercado. Se trata de algo más que un simple modelo económico. Está
basada en los fundamentos filosóficos y jurídicos de la antigüedad grecorromana
y cimentada en la teología bíblica. Vincula la libertad del mercado al
principio de justicia y al mandamiento de amar al prójimo. Estos fundamentos
culturales y antropológicos se recuerdan y resumen en la primera sección de la
declaración.
A continuación, se describen cuatro características esenciales de la
economía social de mercado europea, haciendo hincapié en la importancia de las
iniciativas libres y voluntarias para promover un bienestar que posibilite el
proceso de cohesión social. Las iniciativas libres con un objetivo social de la
economía social de mercado europea merecen un mayor respaldo y un mejor marco
legal con arreglo a su especificidad. En segundo lugar, se reivindica que una
economía social de mercado debe ser eficiente desde el punto de vista
económico, es decir, competitiva, para poder imponer los impuestos y
contribuciones para reducir la deuda y financiar el gasto en curso. No
obstante, el mercado europeo precisa no solo de reglas, especialmente en el
sector financiero, sino también de la adopción de una serie de medidas basadas
en la virtud por parte de todos los participantes del mercado, empezando por el
empresario y llegando hasta el consumidor. Se trata de una cuestión de política
reguladora («Ordnungspolitik») y de una ética institucional, además de la moral
y la virtud.
La tercera característica de la economía social de mercado europea es su
política social. Con arreglo a los principios de solidaridad y subsidiariedad,
todas las personas con necesidades en la Unión Europea deben recibir protección
social y una garantía de justicia participatoria. Nuestros jóvenes tienen
derecho a recibir una formación y una educación de calidad. La familia debe
valorarse como una fuente de vida desde la que fomentar el aumento de la
solidaridad y la responsabilidad, debiendo respaldarse en consecuencia. Además,
al menos en el caso de los Estados que forman parte de la unión monetaria y de
los que tienen previsto dar este paso, actualmente existe el desafío concreto
de ampliar la convergencia de los servicios sociales.
Por último, la economía social de mercado europea debe ser ecológica. La
redefinición de nuestra relación con la naturaleza y la instauración de una
cultura de «moderación» constituyen, para nosotros los europeos, una condición
esencial para poder interactuar con los recursos naturales y luchar contra las
consecuencias del cambio climático. La Unión Europea debería mantener su rol de
portadora de la integridad de la creación dentro de los comités
internacionales. Por una cuestión de principios, no debe limitarse a sí misma,
en su calidad de comunidad de solidaridad y responsabilidad, a determinar su
política dentro de sus propias fronteras, sino que también debe desempeñar un
papel activo a nivel mundial y cumplir las obligaciones y promesas realizadas.
Para elaborar la presente declaración, nos hemos inspirado sobre todo en
los documentos de la enseñanza social de la Iglesia. Sobre todo, los textos del
Concilio Vaticano II, que se inició hace casi cincuenta años, y las Encíclicas
Sociales de los Papas, tienen una importancia fundamental. Asimismo, nos hemos
basado en numerosos informes de las conferencias episcopales y las
declaraciones anteriores de la COMECE. Por último, el Papa Benedicto XVI, con
su encíclica Caritas in veritate, ha dado un nuevo impulso,
orientándonos en nuestro análisis del concepto de economía social de mercado
para la Unión Europea. Por ello expresamos nuestra gratitud al Santo Padre.
Con la presente declaración, confiamos en promover el debate, lo cual es
importante para nosotros. Hemos complementado nuestra descripción de las cuatro
características de la economía social de mercado europea con propuestas y
preguntas concretas. Nos hemos atrevido a hacerlo en pos de un debate animado.
En sí misma, esta declaración es además una expresión de nuestra solidaridad y
responsabilidad para con Europa. Puesto que Europa debe ser una «contribución
para un mundo mejor» (Jean Monnet).
+ Cardenal Reinhard Marx
Arzobispo de Múnich y Frisinga
Arzobispo de Múnich y Frisinga
Vicepresidente de la COMECE
y Presidente de la Comisión Social de la COMECE
y Presidente de la Comisión Social de la COMECE
Texto de la declaración
Introducción
El término «economía social de mercado» accedió, junto con otros objetivos,
a los tratados de la UE a través del Tratado de Lisboa. De este modo, el modelo
de la economía social de mercado se convirtió en uno de los objetivos
principales de la Unión, aunque el cumplimiento integral de este objetivo aún
esté por llegar. A través de la presente declaración, la Comisión de las
Conferencias Episcopales en los países de la Unión Europea (COMECE) pretende
hacerse oír en el debate sobre la forma de lograr el objetivo de la economía
social de mercado europea y la forma institucional que esta debería asumir. La
crisis actual en la Eurozona, así como la debilidad y el desequilibrio
estructural en el seno de la Unión Europea, ponen de manifiesto la necesidad
urgente de entablar este debate. Somos perfectamente conscientes de que la
Iglesia católica no tiene ninguna solución técnica, ni ningún modelo político o
económico que presentar[1]. Sin embargo, y dado que la
Iglesia vive realmente entre la gente de a pie, también comparte con ella sus
preocupaciones diarias y dificultades[2]. Asimismo, si
tenemos en cuenta la cuestión del posible impacto de la futura configuración
económica y social de Europa en las vidas de las personas, tanto dentro como
fuera de la UE, consideramos que tenemos el deber de hacer comentarios sobre
esta importante cuestión en nuestra calidad de obispos europeos. Para hacerlo,
también nos remitimos a nuestras declaraciones anteriores[3].
1. Fundamentos culturales de la economía social de mercado
1) El concepto de una economía social de mercado vincula el principio de un
mercado libre y el instrumento de una economía competitiva con el principio de
solidaridad y los mecanismos diseñados para aumentar la igualdad social. Esta
relación es algo más que una simple respuesta de sentido común o un juicio
meramente instrumental. Más bien se fundamenta en un juicio de valores derivado
de los cimientos morales de nuestra cultura europea. Sus raíces se encuentran
en nuestro patrimonio histórico. De forma más exacta, podemos decir que la idea
de una economía social de mercado se deriva, en gran medida, de la visión
cristiana y occidental de la persona humana y de su relación, tan
característica de la cultura europea, con la antigua ética de la justicia y el
amor que se remonta a la filosofía griega, la jurisprudencia romana y la
Biblia. Las formas de economía social de mercado que encontramos actualmente en
Europa serían inconcebibles sin este patrimonio cultural. Por su parte, la
Unión Europea deberá tener en cuenta dicho patrimonio cultural al abordar
cualquier nueva etapa de la economía social de mercado, lo que constituye uno
de los desafíos clave de la actualidad. Este es otro de los motivos por los que
creemos que podemos realizar, en nuestra calidad de obispos católicos, valiosas
aportaciones a este debate.
2) La visión cristiana y occidental de la persona humana tiene su origen en
la filosofía de la antigüedad griega y romana, por un lado, y en la teología
bíblica, por otro. En la filosofía griega y el derecho romano, la persona
humana aparece representada por primera vez desde un punto de vista
histórico-cultural como un individuo responsable de sus actos con sus derechos
y deberes claramente definidos. Por otra parte, en el relato bíblico de la
creación, se nos explica que Dios creó al hombre a su imagen. Según esto, la
persona humana adquiere un nivel totalmente distinto: pasa de ser un mero
ejemplar de la especie humana para convertirse en una persona única con una
dignidad inalienable. El valor del ser humano presentado en el Antiguo
Testamento se vería aún más reforzado con la encarnación de Dios en Jesucristo.
Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, se encuentra en el centro de la
antropología cristiana: «En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida,
ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios con
su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre»[4]. A pesar de esta dignidad específica,
desde la perspectiva cristiana la persona humana es una criatura que solo puede
cumplir su destino reconociendo que la vida es un don inalienable y que la
forma en la que decidimos vivir nuestra vida debe integrarse en el orden de la
Creación de una forma global y duradera. Basándose en esta concepción
antropológica cristiana, la Iglesia proclama la igual dignidad fundamental de
todos los hombres, algo que también debe reconocerse en las instituciones
sociales y en el sistema económico[5]. A continuación,
proclama a la persona humana como ser social, relacional y llamado a trabajar
conjuntamente para contribuir al Bien Común.
3) Ya en la filosofía de la antigüedad la justicia se consideraba como una
virtud cardinal. La idea dominante es que a cada persona se le debe conceder
aquello que legalmente se le deba. La teología cristiana se apropió esta
concepción de la justicia, a la vez que la modificaba de forma decisiva basándose
en la igualdad fundamental de todos los hombres y el mandamiento de amar al
prójimo. El concepto de justicia social resultante no solo se orienta a las
actuaciones y los derechos legales que uno adquiere a raíz de ello, sino que
sobre todo se dirige a la igualdad de la dignidad de todos los seres humanos.
El mandamiento cristiano de amar al prójimo ha influenciado, a este respecto,
nuestra concepción de la justicia en la medida en que cada persona se beneficia
no solo de lo que legalmente se le debe, sino que además ejerce el derecho
moral de tener una vida digna en la sociedad. Esto se refleja claramente en el
Nuevo Testamento en la parábola del Buen Samaritano: todo ser humano tiene
derecho a recibir ayuda y, al mismo tiempo, de él se espera que actúe de forma
solidaria. La injusticia de Caín respecto a Abel se ve superada por el amor
compasivo del Buen Samaritano. Desde este punto de vista, la pobreza material y
existencial, y la exclusión de personas de determinados sectores de la vida
social constituye una grave violación de la justicia social. No podemos
permitir que nadie se quede atrás, independientemente de su edad, nacionalidad
o color de piel. Inspirada por esta convicción, la cultura cristiana comenzó
desde muy temprano a crear estructuras e instituciones que encarnaran la
compasión y la caridad[6]. En materia de historia
cultural, aquí es donde podemos encontrar los orígenes del estado del bienestar
moderno.
En su proceso de conversión en una economía social de mercado, la Unión
Europea puede basarse en las tradiciones que se encuentran presentes en todos
los Estados Miembros. Segura de que este fundamento común está presente en
todos los estratos de la sociedad y siguiendo el principio de subsidiariedad,
la economía social de mercado posibilita la coexistencia de varios tipos de
ayudas e instituciones, en tanto que siguen un impulso común fundamental que se
deriva de una sola fuente.
2. Iniciartivas comunitarias y voluntarias en materia de bienestar en la
economía social de mercado
4) Tras el final de la II Guerra Mundial, la economía social de mercado se
convirtió en un modelo político-social. En algunos estados esto se produjo con
una referencia explícita al término. En otros estados, se emplearon distintos
términos que al final venían a significar lo mismo: una gran libertad de
mercado asociada a los instrumentos de una economía competitiva, además de al
principio de solidaridad y a los mecanismos de igualdad social, es decir, una
protección social de gran alcance por parte del Estado. Tras la caída del
régimen comunista en 1989, los países de Europa Central y del Este también
tomaron la economía social de mercado como un modelo, aunque esta no se pudiera
materializar en algunos de estos lugares. De este modo, por una parte, en los
últimos años se ha evidenciado un aumento en la sensibilización de que el
mercado libre no es capaz de aportar ciertos bienes y servicios (públicos)
tales como la sanidad, la educación y la vivienda de una forma apropiada e
individualizada sin necesidad de que intervenga el Estado[7].
Por otra parte, cada vez son más las evidencias que demuestran que en muchos
países la cohesión social se ve amenazada a pesar del elevado nivel de
protección social existente, dado que no se ha tenido suficientemente en cuenta
la aportación indispensable de las asociaciones voluntarias y las iniciativas
privadas. Estas últimas son la expresión de un elevado nivel de solidaridad
espontánea y de ayuda voluntaria basadas en la reciprocidad (es decir, no
impulsadas por el Estado ni dependientes de este). Una sociedad no puede
funcionar únicamente basándose en los derechos legales, sino que necesita
espacio de generosidad, sobre todo en lo que respecta a la familia. Un exceso
del bienestar del Estado, por el contrario, podría generar dependencia y
obstaculizar la asunción de responsabilidad individual, la caridad activa y la
solidaridad.
5) El Estado es una condición previa para una comunidad ordenada, sin la
cual no puede lograrse el desarrollo integral humano. Como las iniciativas
privadas por sí mismas no eran suficientes, se pusieron en marcha una serie de
planes con los que se pretendía institucionalizar la solidaridad mediante el
cobro de impuestos y las contribuciones de la seguridad social. La forma de
solidaridad organizada por el Estado es fiable, duradera y, por tanto,
necesaria.
Sin embargo, no basta con ello, ya que no tiene concretamente carácter
voluntario. La asistencia prestada a otras personas como forma voluntaria de
caridad y solidaridad, sin carácter obligatorio y sin la expectativa de recibir
nada a cambio de forma inmediata o directa, y que suele originarse en la fe
religiosa, no debe reprimirse, ya sea mediante formas burocráticas de
solidaridad estatal o mediante soluciones de mercado motivadas por
consideraciones a corto plazo. De hecho, resulta irremplazable e indispensable
en tanto que exige la concienciación moral del individuo y, junto al principio
de ley y orden, contribuye de manera significativa a la creación del «capital
de confianza» necesario para desarrollar unas relaciones de confianza y la
existencia social. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in
veritate, abordaba esta relación empleando los términos «don»,
«reciprocidad», «gratuidad» y «fraternidad»[8]. Por lo
tanto, las instituciones que se corresponden con esta forma libre de
solidaridad (asociaciones mutuas, cooperativas y organismos municipales) y
otras formas de economía social e inversiones éticas, exigen que se les preste
una atención especial a la hora de construir una economía social de mercado
europea. Por este motivo, acogemos con beneplácito el hecho de que se haya
incrementado el reconocimiento de la importancia de estas instituciones en
algunas iniciativas recientes con las que se pretende dinamizar el mercado
interno europeo. Debería dárseles prioridad siempre que las soluciones
aportadas por dichas iniciativas sean equivalentes a las soluciones estatales o
de la economía de mercado, de conformidad con el principio de subsidiariedad.
En concreto, la experiencia de las instituciones benéficas y de cooperación
debería utilizarse en mayor medida al materializar el objetivo de reducir el
número de personas en riesgo de pobreza en Europa en 20 millones de personas
para 2020, un objetivo acordado de forma vinculante en la Estrategia 2020 de la
UE.
3. Economía de mercado y competencia
6) En la actualidad existe la idea ampliamente generalizada de que la
competencia del mercado y el principio de solidaridad se excluyen mutuamente.
Sin embargo, el Tratado de Lisboa establece una clara conexión entre los
objetivos sociales de la Unión Europea y la competencia, en la medida en que
determine que la Unión Europea trabaja para conseguir una «economía social de
mercado muy competitiva»[9]. No obstante, nosotros
consideramos que en este modelo de política europea debería hacerse hincapié en
que sea «social», más que en que sea «muy competitiva». La competencia sería el
medio y lo «social» sería el fin. Una vez aclarado esto, nos gustaría decir que
somos claramente conscientes de que un mercado bien regulado, guiado realmente
por la competencia, es un medio efectivo para lograr importantes objetivos en
el camino hacia la justicia[10]. La competencia
garantiza que los recursos económicos se utilizan eficientemente y que las
personas buscan en todo momento nuevas y mejores soluciones a los problemas
económicos. No obstante, también es cierto que la competencia no es un fenómeno
que se produzca de forma natural, que surja de la nada cuando reina la libertad
económica. A las personas encargadas de elaborar los marcos políticos les
corresponderá la tarea de garantizar que se impone un sistema de competencia
legítimo basado en los resultados. Los monopolios, los cárteles, la
manipulación fraudulenta y la distorsión de la competencia a través del abuso
del poder económico o la ayuda pública deberán combatirse activamente o
evitarse a través de los órganos legislativos y ejecutivos de la Unión Europea.
Aunque suene paradójico, el concepto de la libre competencia no se podrá
materializar sin haber establecido unas normas claras, aplicables y reforzadas
por sanciones.
7) Para que un sistema económico competitivo funcione correctamente, es
esencial contar con un sistema monetario y financiero estable[11].
La crisis mundial de los mercados financieros ha puesto dramáticamente de
manifiesto la enorme carencia de reglamentación a este respecto[12]. Teniendo en cuenta la importancia sistemática de los
sectores financiero y bancario, deberá prestarse una especial atención a la
supervisión y regulación en este campo. Asimismo, también es necesario analizar
la crisis financiera tratando de comprender la riqueza y el crecimiento que se
perseguían exclusivamente con la acumulación de bienes y el nivel de
beneficios. Esta concepción amenaza con eclipsar las dimensiones social y
ecológica de la calidad de vida, que a menudo no pueden expresarse directamente
en términos monetarios, y no tiene en cuenta el impacto de la actividad
económica en otras personas, sobre todo en las generaciones venideras. Por lo
tanto, si pretendemos limitar la crisis financiera al pasado, será necesario
volver a evaluar el sistema de valores. El hecho de orientar la actividad
económica hacia un solo objetivo es un error[13].
8) Los sistemas de incentivos que desvinculan el riesgo y la
responsabilidad contradicen el espíritu de la economía social de mercado. Por
lo tanto, la Unión Europea debería establecer normas que vinculen más
estrechamente los salarios de los directores con el éxito a largo plazo de las
decisiones de inversión y de crédito, y que definan los límites máximos de
dicha remuneración. A una economía de mercado al servicio exclusivo de los
intereses del capital no se le puede llamar «social». No obstante, es
indiscutible que no habrá una economía social de mercado en Europa sin un
comportamiento serio, fiable y responsable de todos los actores del ámbito
económico, y de los altos cargos en concreto. Tanto dentro de la UE como en el
marco del G20, no solo es necesario adoptar mejores leyes y normas para el
mercado financiero mundial, cuando menos pensando en las generaciones
venideras, sino que además necesitamos una nueva cultura más ética, cuyo
desarrollo no puede encomendarse exclusivamente a la política. El respeto por
el principio fundamental de la enseñanza social católica de la destinación de
los bienes y de la función social inherente al derecho legítimo y necesario a
la propiedad privada no solo deberá considerarse un deber de la política, sino
que además deberá ser interiorizado por todos los actores[14].
9) En interés del Bien Común y de conformidad con el modelo de economía
social de mercado en el que los principios de libertad y justicia social están
interrelacionados, los gobiernos de los Estados Miembros y las instituciones de
la Unión Europea deberán aplicar políticas monetarias, financieras y económicas
cuyo objetivo sea la estabilidad. Los (en algunos casos) terribles niveles de
deuda pública y privada deberán liquidarse en interés de las generaciones
venideras. Sin embargo, esto no deberá lograrse a costa de los más pobres y sin
tener en cuenta los requisitos de justicia social. El reparto de las cargas,
derivado de las medidas destinadas a reducir la deuda contraída en el
transcurso de la crisis financiera actual, deberá tener en cuenta las
responsabilidades de los gobiernos, además de las de los bancos y otras
entidades financieras, y podrá llevar posteriormente al pago de un impuesto
extraordinario en el sector. De este modo, la Comisión Europea ha propuesto la
creación de unos fondos de resolución bancaria, con medios financieros aportados
por los bancos, que deberían permitir hacer frente a las consecuencias de los
posibles quiebres bancarios sin necesidad de recurrir al dinero de los
contribuyentes. Otra de las propuestas contempla la creación de un impuesto
para transacciones financieras que debería ser introducido como paso preliminar
por los países de la Eurozona, de no haber otro remedio. En concreto, aquellos
países miembros de pleno derecho de la unión económica y monetaria de la UE han
asumido un nivel especialmente alto de responsabilidad mutua y global. Con la
firma del Tratado de Maastricht, estos países formaron una comunidad basada en
la solidaridad, cuya calidad es plenamente visible solo en la actualidad. Al
mismo tiempo, parece evidente que esta solidaridad también conlleva una
comunidad de responsabilidad. En el futuro de la Unión Europea, la solidaridad
y la responsabilidad deben vincularse cada vez más estrechamente. En la medida
en que se haga necesario adoptar más medidas para la integración, la comunidad
de solidaridad deberá sustentarse en el deseo que la gente tiene de vivir en
comunidad. A su vez, solamente tendrá futuro en caso de que, como comunidad
responsable, también esté abierta a aquellos Estados Miembros que aún
permanecen fuera de ella. En efecto, la disposición de las personas a la hora
de adoptar esta comunidad en sus corazones, así como su apertura a todos los
Estados Miembros de la UE se presentan como los grandes desafíos de los
próximos años por lo que respecta a la integración europea. En nuestra calidad
de obispos, nombrados por nuestros hermanos obispos para realizar un
seguimiento y control del proceso, nos gustaría destacar el siguiente punto: al
igual que el sistema de los estados nación de los siglos XIX y XX fue incapaz
de garantizar una paz duradera, la Unión Europea, en la fase actual de
integración en la que se encuentra, será igualmente incapaz de afrontar con
éxito los desafíos demográficos y de globalización que actualmente afronta
Europa. Europa debe comprometerse a adoptar el modelo de la economía social de
mercado. El futuro de las gentes y las naciones de Europa es una comunidad de
responsabilidad y solidaridad que se encuentra unida por la economía social de
mercado.
10) Aunque el mercado tenga muchos aspectos positivos, también es cierto
que no es un fin en sí mismo. Se trata de un instrumento al servicio del
desarrollo humano y de la humanidad en su totalidad[15].
Por ello, las personas no deben reducirse nunca al papel de productores y
consumidores, sino que deben percibirse y tratarse como las personas humanas
que son, las cuales producen y consumen para poder vivir[16].
Por lo tanto, es necesario poner ciertas restricciones al mercado en aquellos
casos en los que, de no restringirse, se produciría un impacto perjudicial en
la vida y el desarrollo de los seres humanos. En cuanto al suministro de los
bienes de primera necesidad y los servicios públicos en particular, las
autoridades públicas tienen una obligación formal. El mercado por sí solo no es
capaz de aportar soluciones satisfactorias a este respecto. Incluso aunque
pueda parecer prudente organizar determinados elementos de los servicios
públicos y servicios sanitarios con arreglo a los principios del mercado, el
acceso universal y de calidad a estos dominios deberá garantizarse con los
medios y medidas apropiados que sean administrados por las autoridades
públicas. Una regulación apropiada, dentro del mercado común europeo, de los
servicios públicos en general, y de los servicios sociales en particular, sería
establecer una característica distintiva de la economía social de mercado.
Esperamos que la Unión Europea adopte las medidas oportunas a este respecto en
colaboración con los Estados Miembros.
11) En la actualidad, tenemos la misión de protegernos de la intrusión y la
dominación del mercado, y de toda su lógica interna, en todos los ámbitos de la
vida. Existen una serie de necesidades compartidas y cualitativas que no pueden
ser satisfechas por el mercado, especialmente en lo que respecta a la familia.
Como consecuencia, el gobierno tiene la tarea de garantizar unos tiempos y unos
espacios de vida al margen del mercado en los que la gente pueda buscar formas
de responder a dichas necesidades[17]. Es correcto, por
tanto, que se restrinja la actividad del mercado durante los días festivos
oficiales y los domingos, dado que es estos días, ya sea por un festivo
nacional, cultural o religioso, la paz, la tranquilidad y la reflexión están
por encima de cualquier actividad económica. Por este mismo motivo, la
actividad económica se limita o suspende por completo en determinados espacios
y medios públicos como, por ejemplo, la prohibición de hacer publicidad durante
la retransmisión de las misas. Estas cuestiones no deben perderse de vista en
el marco europeo y en la finalización del mercado común.
12) No obstante, no sólo compete al Estado imponer las restricciones al
mercado. La decisión de optar por una economía de mercado es al mismo tiempo
una decisión en la que se opta por la libertad de las personas. Este es el
motivo por el que necesitamos que las personas individuales asuman su
responsabilidad libremente y basándose en el principio de solidaridad[18]. En muchas ocasiones, el mercado suele garantizar que
los recursos materiales se orientan a realizar la máxima aportación para
satisfacer las necesidades de los consumidores. Sin embargo, en sociedades de
la abundancia como las europeas, aunque pueda parecer que las necesidades
básicas están cubiertas para casi todos los ciudadanos, los deseos de los
consumidores se orientan principalmente hacia los bienes no básicos y de lujo.
El mercado hace la vista gorda ante la diferente calidad moral de los bienes
anteriormente mencionados, la cual puede variar en cuanto a su naturaleza o la
forma de fabricar o suministrar estos productos. En este tipo de sociedades,
los fabricantes, que a menudo buscan generar necesidades específicas en primer
lugar, comparten gran parte de responsabilidad con los consumidores. Los
consumidores son los que, en gran medida a consecuencia de sus hábitos de
consumo, dictan finalmente la dirección de la actividad económica tanto en
Europa como en el mundo. Cada decisión económica tomada tiene también una
consecuencia moral[19]. Por lo tanto, para poder educar
a los ciudadanos para que opten por un consumo responsable es necesario hacer
un esfuerzo cultural decisivo[20]. La Iglesia también
pretende hacer sus aportaciones a este respecto.
4. Política social
13) Actualmente la Unión Europea tiene solamente una competencia limitada
en materia de política social, dado que la responsabilidad principal en este
ámbito compete a los Estados Miembros. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de
que dentro de la comunidad de solidaridad y responsabilidad de la unión
económica y monetaria, las cuestiones de la política social, fiscal y presupuestaria
van ganando en importancia, así como que resulta necesario y deseable volver a
asignar las responsabilidades entre la Unión Europea y los Estados Miembros.
Esta es la razón principal por la que nos gustaría hacer algunas reflexiones
generales respecto a este asunto que son de especial importancia para los más
pobres y vulnerables de nuestra sociedad. Desde sus inicios, la Unión Europea
se ha considerado a sí misma no solo como una zona de libre comercio, sino más
bien como una comunidad política y de valores. Uno de los principales valores
de la cultura europea es el de la justicia social.
14) El mercado solamente puede responder a las exigencias materiales que
pueden ser objeto de resultados y compensación, lo que conlleva que no tiene en
cuenta las necesidades de aquellos que, por motivos de edad, enfermedad o
desempleo, no se pueden permitir participar (plenamente) en las actividades del
mercado. Por lo tanto, es importante que en la economía social de mercado
europea se pongan en marcha las prestaciones sociales para cubrir este vacío
con el fin de garantizar un estándar de vida digno a todos los ciudadanos. Esto
debería dejar de ser una preocupación exclusiva de cada Estado Miembros para
convertirse en una preocupación de la Unión Europea.
15) En los últimos años muchos países europeos han introducido una serie de
reformas en el ámbito de la política social, algunas de las cuales han sido
recibidas con una enorme preocupación por parte de los ciudadanos. Los motivos
aducidos para justificar estas reformas fueron la evolución demográfica y los
desafíos de la globalización, factores que llevaron a los países a competir
entre sí. Estos ajustes, inevitables en determinados casos, deben no obstante
ajustarse al principio de justicia social y no afectar a la estructura de las
prestaciones sociales[21]. En interés de los
beneficiarios de las prestaciones sociales y el bien común, la política social
de la Unión Europea debe seguir ajustándose a los principios de subsidiariedad
y solidaridad. A medida que se amplían las diferencias de igualdad en la
sociedad, se hace necesario establecer una redistribución para lograr un mayor
equilibrio entre pobres y ricos, enfermos y sanos, jóvenes y ancianos.
16) Si nos centramos concretamente en el desempleo masivo, la política
social de la UE y de sus estados no debería reducirse simplemente a ofrecer a
los afectados ayuda económica para salir adelante. El paro va mucho más allá de
la ausencia de ingresos: también trae consigo una amplia sensación de exclusión
del mundo que te rodea. Por ello, las prestaciones sociales deberían perseguir
el objetivo de permitir a las personas participar activamente de la vida
social, especialmente por medio de la reintegración en el empleo activo. Por su
parte, las personas que perciban algún tipo de ayuda deben esforzarse al máximo
por realizar contribuciones a la sociedad. La política de empleo de la Unión
Europea debería regirse por este principio. Por otra parte, deberían
intensificarse los esfuerzos a nivel europeo para ampliar la movilidad de los
trabajadores en la economía social de mercado europea. En materia de
transferibilidad del derecho a pensión complementaria (jubilaciones
profesionales), los socios sociales europeos tendrán la responsabilidad, en el
marco del diálogo social europeo, de elaborar una propuesta de directiva
europea. A tal respecto, acogemos positivamente la responsabilidad de los
socios sociales en el marco de las regulaciones de la UE en cuanto a política
social. En esta época de crisis y de ajustes en ocasiones complicados,
invitamos a las instituciones europeas a crear unas condiciones que posibiliten
el diálogo social entre los socios europeos para que puedan cumplir con el
papel que se les ha asignado en los tratados europeos.
17) Asimismo, en muchos países europeos el número de personas activas
podría incrementarse probablemente si se redujeran las contribuciones y los
impuestos que se aplican al trabajo. El nivel europeo debería ofrecer un
impulso significativo a este respecto, incluso a pesar de tener una competencia
muy limitada en cuanto a la aplicación directa de impuestos y de no contar para
nada, hasta la fecha, con poderes en cuanto a la financiación del sistema de la
seguridad social. Además, con la firma del «Pacto por el Euro», que casi todos
los Estados Miembros de la UE han formalizado, se ha creado recientemente un
instrumento que, de forma voluntaria, crea expectativas de convergencia de las
políticas fiscales y sociales en pos de una mayor justicia.
18) Existe una relación muy estrecha entre la política social, familiar y
educativa. Las causas y consecuencias de las decisiones en estos ámbitos de la
política se influyen entre sí y son mutuamente dependientes. En el pasado, la
adopción de una política social demasiado centrada en la ayuda financiera solía
ocultar el hecho de que la promoción de las familias y la inversión en
educación constituyen la mejor manera de prevenir la pobreza y la exclusión
social. Por ello, acogemos positivamente el hecho de que los países europeos
estén prestando cada vez una mayor atención a las políticas familiares y
educativas. Las familias en particular, además de su labor en la crianza y el
cuidado de los hijos, también prestan un gran servicio al bien común. Puesto
que este servicio no se considera perteneciente al mercado, el Estado tendrá el
deber de encontrar el justo equilibrio entre los padres y las personas sin
hijos en cuanto a las leyes fiscales y las políticas sociales adecuadas. La
política educativa, a nivel de la responsabilidad de los Estados Miembros, debe
valorarse respecto al objetivo de reducir la tasa de abandono escolar en la UE
por debajo del 10% para 2020. Además, las familias, escuelas, universidades y
las instituciones de formación profesional y formación continua, junto con la
Iglesia y las comunidades religiosas, deben trata de despertar la conciencia
moral y la virtud personal.
19) En las décadas venideras, Europa dependerá de los trabajadores de otras
partes del mundo para garantizar que basta con el nivel de rendimiento
económico para cubrir la financiación de las prestaciones de la seguridad
social. Los países de origen y los de acogida deberían colaborar para gestionar
de manera ordenada los flujos migratorios, con la intención de reducir al
mínimo el sufrimiento y las penurias de las nuevas llegadas, además de las
inevitables cargas aplicadas a los que los aceptan. En el marco de su
responsabilidad, recomendamos a la Unión Europea que resuelva las cuestiones de
la ayuda externa, las visitas de estudio y las condiciones laborales en los acuerdos
suscritos con terceros países. Esto no debería hacerse exclusivamente con los
países de acogida en mente. La migración también afecta a la familia, las
estructuras sociales y económicas de los países de origen. Todos deberemos
respetar en todo momento el valor de los seres humanos que vengan a Europa
procedentes de otros países. Asimismo, deberán respetarse sus derechos
fundamentales[22].
20) En la economía social de mercado la responsabilidad social no se limita
estrictamente a la política social, sino que también se aplica, por ejemplo, al
ámbito del derecho contractual, donde la desigualdad de información y poder
entre las partes del contrato puede provocar inconvenientes e injusticia.
Actualmente la Unión Europea se esfuerza por acabar con los obstáculos del
mercado interno europeo. En relación con las propuestas de una ley contractual
adicional para toda Europa, que podría aplicarse voluntariamente en las leyes
nacionales existentes, deberá prestarse especial atención a proteger
eficazmente a la parte contractual más débil como, por ejemplo, en el caso de
las ventas por Internet.
5. Desarrollo sostenible de la economía social de mercado
21) En la sección 3 del Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, la
competitividad y el progreso social de la economía social de mercado europea se
mencionan junto a la protección y la mejora de la calidad medioambiental. De
este modo, los firmantes europeos del Tratado reconocen que, en la actualidad,
además del desarrollo social continuado de la economía social de mercado,
también es muy importante su desarrollo ecológico continuado. De hecho, cabe
destacar que en los círculos científicos y en los debates públicos se suele
emplear con bastante frecuencia el término «economía ecosocial de mercado» en lugar
de hablar de «economía social de mercado». Nosotros, en nuestra calidad de
obispos de la COMECE, compartimos la intención que subyace a todo esto. En
vista del dramático cambio medioambiental que se está produciendo, sobre todo
en lo que respecta al cambio climático y a la escasez de combustibles fósiles y
otras materias primas, nuestra responsabilidad por la Creación nos obliga a
respetar el principio económico y ético de la sostenibilidad. Una economía
competitiva y preparada para el futuro se basa en la fuerza de los mercados
para innovar y elevar la productividad de los recursos. Lo que hace es
configurar todos los procesos económicos determinando las condiciones y los
incentivos ecológicos con la intención de conservar las bases naturales de nuestra
existencia. De no ser por la integración sistemática de los factores
ecológicos, a largo plazo no se podrían conseguir ni la competencia económica
ni la justicia social.
22) Los desafíos ecológicos actuales nos exigen, por encima y más allá de
la protección de nuestros recursos socioeconómicos, buscar las posibles maneras
de redefinir la relación entre los seres humanos y la naturaleza desde un punto
de vista ético y antropológico, de manera que transformemos nuestra concepción
del término «desarrollo». La protección del medio ambiente debe pasar de ser
una limitación a convertirse en un objetivo para el desarrollo de nuestras
sociedades a través del reconocimiento de la calidad medioambiental como un
componente esencial del modelo de prosperidad. El Papa Benedicto XVI dice en su
encíclica Caritas in Veritate que «su uso [el del entono natural]
representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, las
generaciones futuras y toda la humanidad»[23].
Nuestras economías necesitan desarrollarse más con un sentido de desarrollo que
esté en sintonía con los ciclos y los ritmos temporales de la naturaleza. Esto
exige de nosotros un cambio en la manera en la que gestionamos los alimentos,
la energía y el agua. Los acontecimientos actuales ya han demostrado que el
derroche de recursos conlleva conflictos violentos. La renovación de la
economía social de mercado ofrece un marco que podríamos utilizar para
acercarnos más a estos objetivos. De hecho, este marco debería proporcionarnos
un medio para medir dicha renovación. No es solo una cuestión de desarrollar
una tecnología más eficiente y económica, sino que también se trata de reducir
considerablemente nuestro consumo, de moderarlo. Por lo que respecta al
desarrollo de los Estados de la Europa Central y del Este, las regulaciones de
protección contra la explotación a corto plazo de los recursos naturales y
socioculturales desempeñan un papel decisivo en la protección del Bien Común a
largo plazo.
23) Como la calidad medioambiental se considera un bien público, cuyos
daños nos afectan a todos nosotros y cuya utilidad no se puede individualizar
fácilmente, resulta difícil asignar los beneficios de las inversiones para
mejorar la calidad medioambiental. Como consecuencia, la sostenibilidad precisa
de una garantía institucional específica, no solo a nivel europeo, sino a nivel
mundial. Solicitamos a las instituciones de la Unión Europea y a los gobiernos
nacionales que hagan todo lo posible por implicarse con sus socios
internacionales en este asunto. Sin embargo, en este contexto también son
necesarias las iniciativas de la sociedad civil. Su importancia en el diálogo
internacional y la cooperación al desarrollo tienen cada vez una mayor
importancia. En su encíclica Caritas in veritate el Papa Benedicto
declaró que estas iniciativas eran esenciales para el objetivo de civilizar la
economía mundial[24]. La Iglesia está preparada y con
ganas de ofrecer sus conocimientos en el ámbito del diálogo internacional
respecto a estas cuestiones: por ejemplo, una reflexión a largo plazo, una
concepción universal del Bien Común y la responsabilidad, una concepción de la
naturaleza como creación con sus valor intrínseco y, además, aunque no por ello
menos importante, una red global trascendental de compromisos específicos.
Conclusión
24) La Unión Europea se ha puesto como objetivo la creación de una economía
social de mercado. Lo que pretendemos con la presente declaración es contribuir
al debate surgido respecto a los principios en los que debería basarse este objetivo.
La economía social de mercado ya ha demostrado su valía en muchos de los
Estados Miembros de la UE. En la actualidad, la economía social de mercado debe
extenderse por Europa para afrontar el desafío de la competencia global, para
poder seguir ofreciendo una protección social efectiva a los más necesitados de
nuestra comunidad, así como para ser sostenibles en cumplimiento de los
requisitos de protección medioambiental y climática. Para poder materializar la
economía social de mercado en la Unión Europea, necesitamos una comunidad de
solidaridad y responsabilidad. A través de la solidaridad y la responsabilidad,
los europeos conseguiremos superar la grave crisis actual y seguir juntos el
camino común emprendido para, finalmente, mostrar la paz y la justicia a todas
las personas del mundo.
25) La crisis de los mercados financieros y de la economía ha demostrado
claramente que los principales desafíos y peligros económicos relacionados con
la integración general de las economías nacionales hoy en día deben resolverse
a escala internacional. La Unión Europea, entendida como una comunidad de
Estados prósperos muy industrializados, tiene la responsabilidad moral
específica de garantizar a largo plazo el desarrollo de «una verdadera
autoridad política mundial»[25] con estructuras e
instituciones supranacionales. Esta autoridad «deberá estar regulada por el
derecho, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiaridad y de
solidaridad»[26], algo que a nosotros nos parece
fundamental. Además de al ingenio económico, habrá que prestar la debida
atención a los principios de justicia y responsabilidad ecológica. Los estados
económicamente más desarrollados deben ir más allá de las ganancias económicas
inmediatas e individuales, optando en su lugar por adoptar un papel activo en
el orden económico mundial que garantice una competencia libre y justa, y que
abra la posibilidad del desarrollo a las economías nacionales más débiles.
Incluso aunque la ayuda al desarrollo, utilizada con sensatez, para las comunidades
pobres sea a tal efecto ventajosa para todos[27], la
solidaridad significa mucho más que la búsqueda exclusiva de los intereses de
uno. Por lo tanto, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer una vez
más un llamamiento urgente a los gobiernos de todos los países de la UE para
que cumplan sus promesas y aumenten su ayuda al desarrollo hasta el 0,7% de su
PBI para 2015 y hagan un buen uso de esta[28]. Muy a
nuestro pesar, la UE no ha conseguido alcanzar su objetivo provisional del
0,56% del PBI para 2010. Para poder cumplir la promesa que hizo públicamente a
los países más pobres, especialmente a África, Europa deberá hacer un esfuerzo
adicional por un valor estimado de cincuenta mil millones de euros.
26) Desde el principio, el proyecto de integración europea no ha sido
meramente económico, sino también político y moral: debe estar al servicio de
la justicia y la paz en Europa y el mundo entero. La materialización de una
economía social de mercado en Europa como una comunidad de solidaridad y responsabilidad
forma parte de este intento por alcanzar la paz mundial y la justicia global.
La cultura actual de la culpa debería ser reemplazada por una nueva cultura de
corresponsabilidad. Los cristianos estamos llamados a fomentar y desarrollar
esta cultura de la corresponsabilidad. En nuestra calidad de obispos de la
COMECE, informamos de que respaldamos este proyecto y reconocemos en él una
importante contribución a la creación de una cultura que «impulsa la
globalización hacia metas de humanización solidaria»[29].
Como Iglesia católica adquirimos un compromiso con cualquier esfuerzo que
se haga en este sentido, inspirados por las palabras del Santo Padre Juan Pablo
II en la Carta Encíclica Centesimus Annus: «A quienes hoy día buscan
una nueva y auténtica teoría y praxis de liberación, la Iglesia ofrece no sólo
la doctrina social y, en general, sus enseñanzas sobre la persona redimida por
Cristo, sino también su compromiso concreto de ayuda para combatir la
marginación y el sufrimiento»[30].
[1] Cf. Concilio Ecuménico
Vaticano II, Constitución Pastoral de la Iglesia en el Mundo Moderno Gaudium
et Spes, núm. 36; Juan Pablo II, Carta Encíclica Sollicitudo Rei
Socialis (30 de diciembre de 1987), núm. 41; Cf. Juan Pablo II, Carta
Encíclica Centesimus Annus (1 de mayo de 1991), núm. 43 Benedicto XVI,
Carta EncíclicaCaritas in Veritate (29 de junio de 2009), núm. 9.
[2] Cf. Concilio Ecuménico
Vaticano II, Constitución Pastoral de la Iglesia en el Mundo Moderno Gaudium
et Spes, núm. 1; Carta Encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio
(26 de marzo de 1967), núm. 13.
[3] Cf. Declaración de los
obispos de la COMECE sobre la Unión Monetaria (2000), sobre la “Solidaridad
es el alma de la UE” (2004), “La Construcción de la Unión Europea y la
Responsabilidad de los Católicos” (Grupo Simon) (9 de mayo de 2005);
informes de grupos expertos sobre Gobernanza Mundia (2001), sobre una “Europa
de Valores” (2007) y sobre el Cambio Climático (2009).
[4] Concilio Ecuménico Vaticano II,
Constitución Pastoral de la Iglesia en el Mundo Moderno Gaudium et Spes,
núm. 22.
[5] Cf. Juan XXIII, carta
encíclica Mater et Magistra (15 de mayo de 1961), núm. 221; Concilio
Ecuménico Vaticano II, Constitución Pastoral de la Iglesia en el Mundo Moderno Gaudium
et Spes, núm. 25, 29.
[6] En lo que respecta a la
Solidaridad entre distintas categorías de la sociedad humana, ya en los tiempos
de los Padres de la Iglesia se constató que debía prestarse atención a los
requisitos y las necesidades de la sociedad humana en el espíritu del
Evangelio. Es más, Basilio el Grande instaba a la comunidad en este sentido: “Pues
el cuidado de los necesitados gasta las riquezas; pues cada uno ha de recibir
un poco según su necesidad; y todos han de repartir igualmente sus bienes y
gastarlos entre los pobres” (Homilía a los ricos).
[7] Respecto a esto, no debe
pasarse por alto el hecho de que el mercado no es intrínsecamente social. De
ordenarse correctamente, puede ser un lugar de interacciones que generan
relaciones y posibilitar un uso más eficiente de los recursos escasos. Esto
incluye además el establecimiento de relaciones industriales mediante los
convenios colectivos y la participación de los trabajadores.
[8] Benedicto XVI, Carta
Encíclica Caritas in Veritate (29 de junio de 2009), núm. 34ff. Cf.
también Pío XI, Carta Encíclica Quadragesimo Anno (15 de mayo de 1931),
núm. 137.
[14] Cf. Juan Pablo II, Carta
Encíclica Laborem Exercens (14 de septiembre de 1981), núm. 14; Juan
Pablo II, Carta Encíclica Sollicitudo Rei Socialis (30 de diciembre de
1987), núm. 42.
[25] Benedicto XVI, Carta
Encíclica Caritas in Veritate (29 de junio de 2009), núm. 67; Cf.
también Juan XXIII, Carta Encíclica Pacem in Terris (11 de abril de
1963), núm. 293, y más recientemente la nota explícita del Consejo Pontificio
«Justicia y Paz», publicada en octubre de 2011, bajo el título Por una
reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de
una autoridad pública con competencia universal: “Se trata de una
Autoridad con un horizonte planetario, que no puede ser impuesta por la fuerza,
sino que debería ser la expresión de un acuerdo libre y compartido, más allá de
las exigencias permanentes e históricas del bien común mundial, y no fruto de
coerciones o de violencias. Debería surgir de un proceso de maduración
progresiva de las conciencias y de las libertades, así como del conocimiento de
las crecientes responsabilidades”. (punto núm. 3).
[28] Recordemos que ya en 1970
los países ricos de las Naciones Unidas se comprometieron a destinar el 0,7% de
su PBI a la cooperación al desarrollo.
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