Algunos gobiernos están utilizando el pretexto de la crisis económica y de la falta de recursos en los presupuestos públicos (provocada por la decisión política de dar prioridad absoluta al pago de los intereses usureros de la deuda) para extender aún más en la vida social la lógica mercantil y entregar al negocio privado cada vez más aspectos de la vida social, incluidos bienes básicos que responden a derechos fundamentales de las personas, como es el caso de la sanidad. Antes ya se hizo con empresas públicas y la gestión de servicios sociales.
Esta opción política no tiene nada que ver con las necesidades sociales, ni es algo ineludible. Es una decisión política vinculada a la ideología neoliberal, la que propagan los más poderosos económicamente para defender sus intereses ilegítimos. Una ideología que es contraria al bien común y difunde «la convicción de que el crecimiento económico se ha de conseguir incluso a costa de erosionar la función social del Estado y de las redes de solidaridad de la sociedad civil, así como de los derechos y deberes sociales» (Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2013, n. 4).
Que los gobiernos sucumban a estas pretensiones, como hace tiempo está ocurriendo, es síntoma de su falta de voluntad de servir a la sociedad haciendo frente a las pretensiones insaciables de los más ricos. Las políticas que buscan extender la lógica mercantil en la vida social sufren un grave extravío, pues ignoran que «la actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil» (Benedicto XVI, «Caritas in veritate», 36). Antes al contrario, la lógica mercantil sin límites es fuente de una creciente desigualdad e injusticia social y aparta al ser humano de su vocación a la comunión social.
La ideología neoliberal propugna que el mercado debe regirse por la búsqueda del máximo beneficio económico individual y pretende someter toda la vida social a esa mercantilización. Lo cual, como muestran los hechos, es un desastre para las personas, en particular para los empobrecidos, y para la vida social. Extender la lógica mercantil es exactamente lo contrario de lo que necesitamos. Precisamente la crisis económica y social que sufrimos ha sido provocada por la expansión sin límites y sin control de la lógica mercantil en la búsqueda del máximo beneficio económico al precio que sea. La extensión de la lógica mercantil no es la solución, es el problema.
Y lo es mucho más cuando se extiende a bienes comunes vinculados a derechos fundamentales de las personas. Por eso, «es deber del Estado proveer a la defensa y tutela de los bienes colectivos (…) cuya salvaguardia no puede estar asegurada por los simples mecanismos del mercado (…) El Estado y la sociedad tienen el deber de defender los bienes colectivos (…) hay bienes que, por su naturaleza, no se pueden ni se deben vender o comprar»; de lo contrario se cae en «una idolatría del mercado, que ignora la existencia de bienes que, por su naturaleza, no son ni pueden ser simples mercancías» (Juan Pablo II, «Centesimus annus», 40).
La sociedad civil sí está respondiendo a su deber de defender los bienes colectivos, movilizándose contra su privatización y la extensión de la lógica mercantil. El Estado, de la mano de gobiernos guiados por el neoliberalismo, está abandonando cada vez más esa responsabilidad en su servicio a la sociedad. Y servir a la sociedad es lo único que le da sentido y legitimidad.
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