La reforma de la atención
sanitaria pública iniciada el pasado día 1 de septiembre de 2012, es una
modificación radical del sistema sanitario público como lo entendíamos hasta
ahora. Desaparece el concepto de UNIVERSAL (toda persona tenía derecho a la
asistencia por el hecho de serlo y no por ser cotizante a la Seguridad Social),
GRATUITO (la asistencia sanitaria era financiada por vía impuestos y totalmente
gratuita, excepto el copago de los medicamentos de las personas en edad y
situación de trabajar) y PÚBLICO (propiedad de todos y gestionado mediante
entidades dotades por nuestros representantes políticos).
Concretamente se sustituye el
concepto de ciudadano con derechos, por el de asistencia sanitaria solo para
cotizantes a la Seguridad Social, remedando los seguros privados. Con lo cual
los jóvenes mayores de 25 años que no han trabajado nunca, los extranjeros que hayan
perdido el permiso de trabajo, los ciudadanos de la Unión Europea sin ingresos,
se ven excluidos de la atención sanitaria, con la excepción de las “urgencias”,
menores de edad y embarazadas.
Lógicamente estas personas
pueden llegar a dejar la medicación que estaban tomando -a veces para
enfermedades infecto/contagiosas que pueden transmitir a la población-, no
acudir a su médico cuando los problemes de salud están comenzando e ir al
hospital en situaciones límite, muchas
veces cuando ya sea demasiado tarde.
La alternativa que se les
ofrece a estas personas es que abonen una cuota de 700 euros al año o de 1800
euros si es mayor de 65 años, para poder acceder a las prestaciones, cuando en
realidad son personas sin ingresos y excluídas del mercado laboral.
Por otra parte tenemos las
personas mayores y las dependientes que tenían los medicamentos gratuitos y que
ahora abonan el 10% de su valor, lo que supone en algunos casos una cantidad
importante de dinero para las pensiones más bajas. Teniendo en cuenta además
que muchos medicamentos habituales han dejado de prescribirse con receta y han
pasado a venta libre, siendo ahora mucho más caros.
Pues bien, algunas de estas
personas acuden a los servicios sociales municipales y a las entidades
socio-caritativas, para que les paguen los medicamentos y les orienten sobre
qué pueden hacer. La partida presupuestaria de Caritas, por ejemplo, para
abonar gastos farmacéuticos se ha duplicado de un año a otro y sigue subiendo.
Los médicos que se han declarado objectores al nuevo decreto y que quieren
seguir atendiendo a sus pacientes que han perdido el derecho a la asistencia,
pueden hacerlo pero fuera del horario, sin cita previa y sin posibilidad de
solicitar ninguna prueba diagnóstica ni derivar a otros médicos, ni extender
recetas. Sin tener en cuenta además que el médico no sabe cuáles de sus
pacientes han perdido el derecho a la asistencia y éstos no se atreven a hablar
con el profesional, por vergüenza. Además la atención a urgencias, gestación,
pediatría, está condicionada a que el afectado demuestre por escrito que su
país de orígen no va a correr con los gastos que genere la atención que se le
va a prestar. De lo contrario, pagará el interesado la factura que genere la
atención prestada. Y esto lo firma, en el mostrador, antes de que se le
atienda.
Ante este atropello a los
derechos básicos de las personas y, concretamente, de los más pobres, la HOAC
de Orihuela-Alicante DENUNCIA que:
- La medida es injusta e
insolidaria porque se ensaña con los más vulnerables, que cada vez tendrán peor
salud, aumentando la brecha social entre ricos y pobres, con el consecuente
riesgo de fractura social en forma de revueltas y actos violentos.
- Los argumentos para
defender la cotización a la Seguridad social son falsos, porque la partida de
Sanidad sale de Presupuestos Generales del Estado, por vía impuestos generales,
de los que pagamos todos, igual que la justícia, la educación, la protección
policial, los bomberos, los militares, etc.
Comisión Diocesana
HOAC Orihuela-Alicante
Publicado en el diario INFORMACION
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