Los cristianos no tenemos un modelo único en economía para
repartir los bienes entre los españoles. Cada uno puede buscar dentro del
mercado. Pero, a la hora de escoger, no es libre de incluir el criterio de la opción
preferencial por los pobres. Este es un criterio evangélico
imprescindible.
El beato Juan Pablo II se encargó de afirmarlo solemnemente
ante los obispos de Latinoamérica invocando que pertenece a toda la tradición
de la Iglesia. Esto lo ha de aplicar el cristiano en su vida privada, “pero
se aplica igualmente a nuestras responsabilidades sociales y,
consiguientemente, a nuestro modo de vivir y a las decisiones que se deben
tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes” (Discurso
a la III Conferencia Latinoamericana, Puebla, 194-195).
Al hablar de los
presupuestos presentados por el Gobierno para el 2013 no entramos a valorar
criterios económicos (si es creíble la caída del 0,5% del PIB), sino morales:
suponen más recortes para los más pobres, pero no para los que tienen su dinero
en las SICAV o en paraísos fiscales. Se ahonda más las diferencias sociales porque
aportan proporcionalmente más los que menos recursos tienen.
El criterio de la Iglesia es
así de claro: “El principio del destino universal de los bienes exige que
se atienda con particular solicitud a los pobres, a aquellos que se encuentran
en situación de marginación y, en cualquier caso, a las personas cuyas
condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado”. (Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia, 82).
Y la realidad también es
bien clara: Cáritas nos asegura en la rueda de prensa de hace pocos días que ha
atendido a 200.000 personas más que el año 2010 y tuvo que invertir 250.697.475
de euros para atender a situaciones de marginación. Mientras que, según los
cálculos que ha hecho la Comisión Europea, los bancos europeos esquivan cada
año 18.000 millones de euros en impuestos.
Han aumentado los embargos y
desahucios de las
familias que no pueden hacer frente al pago de sus viviendas. Mientras que
algunos bancos van a recibir ayudas para sanear sus impagos. ¿Es igual el
tratamiento estatal?
Frente a esto la Conferencia Episcopal ha dicho: “Es
urgente encontrar soluciones que permitan a estas familias hacer frente a sus
deudas sin verse en la calle. No es justo que resulte tan gravemente
comprometido el derecho básico de una familia a disponer de una vivienda. Sin
la familia, sin la protección del matrimonio y la natalidad, no habrá salida
posible a esta crisis".
El secretario general
de Cáritas hizo un llamamiento al Gobierno: “las políticas para los más
pobres tienen que ser las primeras, y a partir de ahí construir la sociedad.
Son también políticas de educación, sanitarias, de vivienda, y son políticas
para el desarrollo integral para las personas y las familias. Que no se olviden
que los últimos no son los que han motivado la crisis, y son los que más la
sufren”.
La justicia social no ha de ser suplantada por la caridad. El
bodrio era un caldo que antiguamente se impartía en la trasera de las
catedrales y conventos a la hora del ángelus para remediar el hambre de los
mendigos. Hoy una legión de samaritanos ejerce también la misericordia de dar
de comer a los hambrientos. Pero los seguidores de Jesús debemos unir la
justicia y la caridad desde la opción por los pobres, de forma que favorezcamos
el derecho a “sentarse a la mesa de del banquete común” (Juan Pablo II,
Sollicitudo Rei Socialis, 33)
Delegación de Pastoral del Trabajo de Madrid
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