HOAC Segorbe-Castellón
Las familias trabajadoras están padeciendo las terribles consecuencias de una crisis que no han provocado ellas, y también son las víctimas de los recortes sociales y de derechos que se están imponiendo para, supuestamente, salir de esta situación.
Esta crisis ha provocado en nuestro país la pérdida de millones de empleos. Son más de 4 millones las personas desempleadas, y el 30% de ellas sin cobertura por desempleo. Hay casi dos millones de familias con todos sus miembros en paro.
Éste es el principal problema de la economía española, el que más está contribuyendo a deteriorar las condiciones de vida de cientos de miles de familias obreras, agudizando las situaciones de violencia, fracaso escolar, problemas de salud mental y de integración social.
Pero gobernantes y coro mediático insisten en que el problema fundamental es otro, el déficit fiscal. Y las diferentes administraciones aplican políticas restrictivas presupuestarias, ajustes que perjudican siempre a los trabajadores y trabajadoras ocupados, parados y jubilados; una Reforma laboral que genera más precariedad e indefensión en los trabajadores... En definitiva, medidas que empeoran cada vez más la situación de la población más débil y desprotegida, y que sólo benefician a los que tienen las espaldas cubiertas con buenas rentas y patrimonios.
Nos dicen que hay que sacrificar parte del bienestar de las familias trabajadoras para permitir que empresas y bancos sigan ganando, aunque no colaboren en mejorar la economía real. Y esto se ha hecho a través de recortes del gasto social, que suponen un deterioro de los servicios públicos, educativos, sanitarios, sociales, menos ayudas para las situaciones de dependencia... todo esto incide directamente en la calidad de vida de las familias trabajadoras.
En una vuelta de tuerca más, se pretende suprimir la ayuda de 426 euros para las personas desempleadas de larga duración. Esto supone dejar en la estacada a muchas personas desempleadas (hasta ahora la han percibido unas 700.000) que, sin posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, deberán ser asistidos desde los servicios sociales, ya colapsados por los recortes, o por entidades benéficas. Esto se suma al hecho de que en la Comunidad Valenciana, la Renta Garantizada de Ciudadanía es una medida que se aplica de manera muy residual, y con retrasos de hasta un año.
Nosotros, como militantes obreros cristianos, nos negamos a aceptar como inevitables las políticas a favor del capital que aplican los gobiernos europeos de cualquier signo político. No nos podemos resignar al debilitamiento de la democracia que supone el dejar las decisiones políticas y económicas a los mercados, que en realidad son los grupos privados de mayor poder e influencia.
Creemos necesario avanzar hacia un modelo de relaciones económicas y sociales más justo, que reconozca la dignidad de la persona y responda a las necesidades de los más empobrecidos. Para eso es necesario fortalecer con nuestra participación, organizaciones sociales y también comunidades cristianas que se empeñen en ese cambio.
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