El PSOE y el PP, bajo los auspicios del FMI, el Banco Central Europeo, las agencias de calificación, y los mercados han decidido reformar la Constitución española para garantizar el equilibrio presupuestario, limitar el gasto y garantizar a las entidades financieras el cobro de la deuda. Aquellos que provocaron esa burbuja especulativa, los propios mercados, ante la ceguera de las instituciones de supervisión bancaria en Europa y en España, que nos ha traído paro, pobreza, miedo y amenaza sobre nuestro futuro como personas, aquellos que la provocaron son los principales beneficiarios de esta reforma que ha conseguido poner de acuerdo a los dos partidos mayoritarios.
Las personas que estamos aquí, consideramos que el contenido de esta reforma no va a ayudar a la reducción de los niveles actuales de déficit público que sólo puede lograrse sin deteriorar gravemente el tejido económico y social de nuestro país, mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, una reforma fiscal equitativa y progresiva y un permanente rigor en el uso del gasto público. Y tenemos claro que las medidas de recorte social impuestas por el gobierno ZP, con el apoyo parlamentario pertinente, no van dirigidas a solucionar los problemas de la gente.
Esta reforma impone una grave limitación a la autonomía de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno presupuestario de las diferentes administraciones públicas. Esto afectará gravemente a su capacidad de utilizar la política presupuestaria al servicio de los objetivos de la política general, de la política destinada a los ciudadanos y ciudadanas que vivimos aquí en este país, esta reforma supone una amenaza permanente para las prestaciones e instituciones del Estado de bienestar, las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo.
Pero si el contenido supone un ataque a las bases del estado social y de derecho como todavía consta en el articulo 1º, el procedimiento que se va a adoptar para su aprobación es inaceptable: se va a producir con una legislatura agotada, y sin llevar a cabo debate político ni social de ninguna clase y, finalmente, sin que la reforma sea sometida a referéndum.
Nos quieren hacer creer que esa medida nos ayudará a salir de la crisis. Es mentira. Y lo saben. Que el estado limite su capacidad de endeudamiento implica menos capacidad de maniobra y, por tanto, menos obras públicas, menos gasto en sanidad, enseñanza, servicios sociales, en políticas activas de empleo y esto es: menos estado social. Supone la rendición incondicional de los intereses públicos ante los privados.
El PSOE y el PP que gobiernan a nivel estatal y el país valenciano llevan gobernando esta crisis con medidas de recortes sociales, laborales y económico que solo están consiguiendo un fuerte estancamiento económico, una mayor pérdida de poder adquisitivo de las personas y que los beneficios de los responsables de la crisis sigan disparados. La reforma laboral, la reforma de la negociación colectiva, los múltiples recortes sociales solo han traído más paro, más incertidumbre para los trabajadores y trabajadoras en general y una mayor presencia de los mercados en las instituciones de gobierno político de nuestro país.
En Alicante, este 6 de septiembre y ante la gravedad de estos hechos queremos mostrar nuestro rechazo a esta reforma constitucional que se propone. Solicitamos a los miembros del senado y parlamento que no la voten favorablemente en lo que queda de trámite parlamentario. Y exigimos que si la propuesta es aprobada por el Parlamento sea sometida a referéndum.
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