No podemos olvidar, como
recordaba Laborem exercens, que es deber de la Iglesia recordar siempre
la dignidad y los derechos de los hombres del trabajo y denunciar las
violaciones de esos derechos y orientar las nuevas situaciones.
Por ello, y teniendo en
cuenta la gravedad del paro y la precariedad, denunciamos la renuncia del
estado, y de las instituciones europeas e internacionales, a ejercer como “empresario
indirecto” propiciando el marco legal adecuado para crear puestos de trabajo y
ayudar a los desempleados. Renuncia que provoca una desregulación total de las
relaciones de trabajo y un reforzamiento del poder empresarial, y hace que las relaciones
entre trabajador y empresario queden sometidas a la ley del más fuerte (la
propiedad) afectando negativamente al empleo, al salario familiar, a las ayudas
sociales, a la conciliación de la vida familiar y, sobre todo a la justa
remuneración del trabajo, vía concreta para acceder a los bienes destinados a
un uso común, y que LE considera como indicador último de la justicia de todo
el sistema socioeconómico.
Denunciamos la lógica de
la reforma, pues reduce el trabajo y los salarios a un coste variable, que ha
de ajustarse a la marcha de los negocios, a las altas remuneraciones de los
gestores y a las expectativas de beneficio de los capitales invertidos, y
facilita el despido como mecanismo habitual para ese ajuste. Una lógica perversa
que subvierte los principios básicos de la DSI, en particular al de la
prioridad de la persona y el trabajo sobre el capital; y una lógica idolátrica
que desplaza a la persona del centro de la vida, colocando en su lugar los
intereses económicos, el mercado, como valor supremo que exige sacrificios y
renuncias.
Denunciamos el clasismo
que impregna la reforma, con medidas que expresan claramente el alineamiento
y/o sometimiento de los poderes públicos a los poderes económicos y
financieros. Una reforma, por otra parte, especialmente hostil con el sindicato
y con la negociación colectiva, instrumento indispensable para buscar vías no
traumáticas de adaptación a las distintas coyunturas y asegurar los justos
derechos de los trabajadores Nos atrevemos a señalar que el resultado de estas
actuaciones no puede ser sino el agravamiento de la crisis y del conflicto
capital‐trabajo, que la reforma no aborda adecuadamente, pues los
reduce a problemas y de carácter técnico, cuando en realidad se trata de
cuestiones de carácter ético, resultado de esa inversión del orden de valores,
de subordinar el trabajo al capital. “Sólo puede ser justo aquel sistema de
trabajo que en su raíz supera la antinomia entre el trabajo y el capital, según
el principio de la sustancial y efectiva prioridad del trabajo humano y de su
participación eficiente en todo el proceso de producción…” (LE, 13). Para esa superación
cabe subrayar que la tradición cristiana no considera la propiedad como un
derecho absoluto e inviolable, sino “subordinada al derecho al uso común, al
destino universal de los bienes” Tras las medidas de esta reforma laboral se
descubre una clara intención de romper el equilibrio de poder en la empresa,
ahondando aún más en la deteriorada relación de fuerzas entre el capital y el
trabajo, incrementando de manera notable los poderes empresariales en la
gestión del trabajo
Concluyendo, esta
reforma considera a la economía del mercado como un absoluto desde el que todo
se interpreta y se orienta, por ello está incapacitada para abordar y dar
respuesta a los verdaderos problemas que nos afectan. Por ello insiste en
repartir la pobreza entre los pobres, mientras la riqueza de los ricos se incrementa
y concentra cada vez en menos manos. Superar la crisis, combatir el desempleo y
la precariedad, crear trabajos dignos… requiere un cambio de paradigma,
invertir la pirámide para situar la persona y sus necesidades por encima del
capital y sus intereses.
“para realizar la
justicia social son siempre necesarios movimientos de solidaridad de los
hombres del trabajo y de solidaridad con los hombres del trabajo” (LE 8)
Delegación
Diocesana de Pastoral Obrera de Zaragoza
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