Hay que acabar con una aplicación generosa de la exención vigente
(Carlos García de Andoin).-
La exención del Impuesto de Bienes Inmuebles a la Iglesia católica fue
un beneficio singular de los Acuerdos Estado-Iglesia en 1979, pero dejó de
serlo en 1992 con su extensión a la federación judía, a las congregaciones
protestantes y a las comunidades musulmanas.
Diez años después, en 2002, fue
ampliada esta exención por la ley de Mecenazgo a fundaciones y asociaciones
de utilidad pública (49/2002), lo que se completó con una reforma de la ley de
Haciendas locales que incluía como beneficiarios, entre otros, a los centros
concertados, los monumentos declarados de interés cultural y la Cruz Roja, de
manera expresa (RDL 2/2004, art. 62.1c).
De forma distinta se resolvió el
privilegio de la exención del IVA. En 2007, la vicepresidenta De la
Vega negoció con la Iglesia católica, y -a través de un "canje de
notas"- fue modificado este punto de los Acuerdos Estado-Iglesia, acabando
por adaptarse la legislación española a la normativa de la UE.
Por último si me preguntan si el
0,7% del IRPF es un privilegio que debe desaparecer responderé que sí, pero no
por eliminación, sino por extensión e igualación, como ya se ha hecho, a las
organizaciones sociales, y lo que aún queda por hacer, a las confesiones
religiosas con Acuerdo de cooperación.
La gravedad de la crisis
económica, que tantas cosas está cambiando en este país, y la
crítica situación de las arcas públicas, nos deben llevar a revisar las
políticas de beneficio fiscal. Pero, como en todo, la solución no está en pegar
hachazos ciegos a golpe de pulsiones de austeridad o de viejas querellas.
En mi opinión debe mantenerse la
exención del IBI a fundaciones y asociaciones de utilidad pública,
incluidas las de matriz religiosa, y debe mantenerse a los templos de todas las
confesiones de notorio arraigo.
De lo contrario la crisis además de
llevarse por delante miles de empresas y millones de puestos de trabajo, nos
va a hundir también el non profit. Por cierto, en el Estado laico francés
los templos construidos antes de 1905 gozan de las mismas exenciones que el
patrimonio público -pues son propiedad del Estado-, siéndole además más
gravosos, en tanto que le corresponde acarrear con los gastos de su
mantenimiento y conservación.
Los Acuerdos Estado-Iglesia
no eximen de la contribución a pisos, lonjas, garajes y edificios que ya no
tienen usos pastorales.
Dicho esto, hay dos aspectos que
mejorar y depurar en la aplicación de la exención del IBI a la Iglesia
católica. En primer lugar, acabar con una aplicación generosa de la exención
vigente. En segundo lugar modificar la legalidad para restringir la
exención religiosa a los templos -y a los de todas las confesiones con
arraigo-.
Los Ayuntamientos deben exigir a la
Iglesia que pague aquellas tasas municipales de las que muchos le han eximido
por una gestión de cobro asociada al pago del IBI, pero también que abone este
impuesto por todos aquellos bienes inmuebles que han dejado de estar vinculados
al culto y la pastoral.
Los Acuerdos Estado-Iglesia no
eximen de la contribución a pisos, lonjas, garajes y edificios que siendo
propiedad de la Iglesia sin embargo ya no tienen usos pastorales. El número de
estos bienes, no acogidos por la exención de los Acuerdos, ha ido creciendo por
el descenso del catolicismo practicante, el declive de vocaciones y las
herencias y donaciones privadas.
También por una gestión más moderna
y eficiente de los bienes inmobiliarios, que es legítima. Pero si el uso está
vinculado al beneficio económico, deben pagarse los impuestos que correspondan.
La fiscalidad es una forma pública de comunión de bienes y de redistribución,
que debiera ser más apoyada por el discurso y las prácticas de la Iglesia
católica.
En segundo lugar, debe
plantearse un cambio legal que limite la exención del IBI a los templos. Es
cierto que los Acuerdos Estado-Iglesia rigen y que incluyen en la exención
también domicilios de sacerdotes, de obispos, casas de congregaciones, etc.
pero los ciudadanos, también los católicos, no comparten esta exención, que
consideran un privilegio comparativo.
¿Por qué el piso donde reside un
sacerdote o el garaje donde guarda su vehículo no pagan el IBI, siendo un
vecino como los demás? La Iglesia católica debe dar un paso adelante y
renunciar a este concepto de exención demasiado amplio. Es una modificación
que requiere ciertamente la revisión de los Acuerdos Estado-Iglesia.
Se ha dicho en estos días que
exigir el pago del IBI a la Iglesia católica podría ir en detrimento de Cáritas.
En términos generales esto no es así, porque una es la contabilidad de esta entidad
y otra la de cada diócesis. Solo es verdad en aquella medida en que alguna
partida como los 5 millones de euros que la Conferencia Episcopal aportó a
Cáritas en 2011 podría verse reducida por nuevas obligaciones fiscales.
Esta cantidad representa algo menos
de un 2% de su presupuesto, y podría elevarse hasta un 5% si se añaden
contribuciones especiales de las diócesis, cada una a su Cáritas respectiva.
Ello no quiere decir que los ingresos de esta organización procedan en su
mayoría de subvenciones públicas.
El presupuesto de Cáritas, de 247,5
millones de euros en 2010, se nutre en un 65% de fondos de donaciones
privadas -básicamente de la comunidad católica-, y en un 35% de
aportaciones públicas, en estos términos: 17 millones de administraciones locales,
37,6 millones de CC.AA., 17,6 millones del Estado procedentes del 0,7% del IRPF
para fines sociales más 8,8 millones provenientes de otros programas, y,
finalmente, 5,9 millones de la Unión Europea.
Muchos católicos, obispos
incluidos, estamos contribuyendo con un 10% del sueldo a la solidaridad.
Cáritas está redoblando personas y recursos ante una crisis que viene larga y
penosa. Son hechos, no palabras y dignos de elogio. Pero la coherencia con
estos tiempos de crisis debe alcanzar también a la fiscalidad. Es otra forma de
"cáritas política".
Carlos García de Andoín es
coordinador federal de Cristianos Socialistas. Ha sido director adjunto de
gabinete de Ramón Jáuregui cuando era ministro de la Presidencia, y asesor de
la ex vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega.
Artículo de opinión en ReligiónDigital
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