José
Chamizo alerta de la creciente precariedad de las ONG que asisten a los más necesitados |
José
Chamizo, es el Defensor del Pueblo de Andalucía, desde 1996, pero su gestión ha
trascendido al resto del Estado como ejemplo de compromiso con los excluidos,
incluso cuando aún no estaba en cuestión el modelo del Estado del bienestar.
José Chamizo de la Rubia (Los Barrios, Cádiz, 1949) colgó temporalmente los hábitos del sacerdocio para dedicarse a dicha
función civil, pero no dejó de ser crítico con la propia jerarquía
eclesiástica: "En la Iglesia --opina-- ahora mismo subsiste la
manifestación de una dualidad que creo peligrosa para la institución. Los
grandes grupos que se encargan de la justicia social o de la caridad en su seno
están funcionando a tope, como es el caso de Cáritas. Creo que no se les puede
pedir más. Hay muchos creyentes, monjas, curas, parroquias, que colaboran con
las personas más desfavorecidas. Sin embargo, echamos de menos una
manifestación de la Conferencia Episcopal hablando de la crisis. Sólo el obispo
Munilla ha hablado de esta situación, pero la conferencia propiamente dicha no
ha elaborado uno de esos documentos a veces tan bien hechos sobre la situación.
Espero que en los próximos meses lo haga y exija al Gobierno central, y al
autonómico, que se rechace el modelo capitalista-mercado financiero, como en
algún momento ya advirtió curiosamente Juan Pablo II en alguna encíclica.
Toda la Iglesia tiene que estar con la gente que lo pasa mal".
Su
modelo de gestión al frente de la Oficina del Defensor de Andalucía, que asume
también las competencias de Defensor del Menor, choca con otras formas de
gestionar organismos parecidos. Por ello, durante las últimas semanas, se ha
contrapuesto su perfil y el de Soledad Becerril como flamante Defensora del
Pueblo a escala estatal, ya que sus actitudes ante las ocupaciones de
supermercados por parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores han sido
notoriamente contrapuestas.
"En
principio creo que a la defensora, al ser nueva en el cargo, hay que dejarle
cien días de gracia, llamémosle así. Cualquier Defensor, sin embargo,
hubiera tenido un poco más de tacto a mi modo de ver. Ella suele ser una
persona prudente y tal vez se dejó llevar un poco por la dureza de las imágenes
de dicha acción sindical. A mí también me llegaron llamadas de personas
reclamando que hiciéramos algo al respecto. Y, de hecho, yo también llevé a
cabo un pronunciamiento público matizando algunos extremos. El SAT es un
sindicato con el que siempre he colaborado y seguiré colaborando, sobre todo en
la ocupación de fincas públicas improductivas. Pero, en este caso, le pedí
que procurasen no dar una imagen de violencia, porque ellos nunca han tenido ni
esa imagen ni esa realidad violenta".
Ahora,
desde distintas cabeceras informativas, se ha llegado a acusar a Chamizo de
estar al corriente de las irregularidades en los Expedientes de Regulación de
Empleo (ERE) de Andalucía, desde mucho antes de que estallase el escándalo:
"Yo no sabía nada --niega--. Un grupo de fundamentalistas me ha querido
adjudicar que mi conocimiento era de 2003 y 2004, cuando recibí una queja que
han filtrado no sé si muy rigurosamente. Se trataba, entonces, de que unos
mineros denunciaron que en un listado de las minas de Tarsis o Riotinto, no
recuerdo muy bien de memoria, había gente incluida que no eran mineros.
Inmediatamente admití la queja a trámite, hice varias llamadas, estuve en
contacto con sindicatos, con la delegación del Gobierno y me dijeron que era la
lista definitiva consensuada. Me dirigí al delegado de Trabajo de Huelva, quien
me aseguró que se había reunido con los denunciantes, que les había pedido
los nombres de las personas que no eran mineros y que estaban en las listas,
pero se negaron a darlos. Así que se archivó el expediente porque no
podíamos hacer otra cosa. El escándalo estalla mucho más tarde, hacia
2010".
"Me
parece que por las dimensiones del propio escándalo no están siendo las cosas
bien analizadas. Hay que tener en cuenta que gran parte del dinero de los
ERE ha ido a parar a las manos que tenían que recibirlo. Eran trabajadores
cuyas empresas tenían que cerrar y creo que en aquel momento de bonanza
económica estaba bien hecho ese procedimiento. Hay que distinguirlo, en
términos generales, de la gente que se ha colado y no pertenecía a las
plantillas de fábricas o minas afectadas por los expedientes. Eso entra dentro
de un delito o de un desfalco a la Hacienda pública. Está también lo que
intenta demostrar la jueza que lleva el tema, la ligereza a la hora de otorgar
dinero público, como parece que ha sucedido en algún caso por parte de
responsables políticos. Todo esto es rechazable, condenable y la Justicia
debe aclarar cuanto antes lo sucedido sin que paguen justos por pecadores".
Esta
semana, entre silencios o declaraciones de imputados trufadas de anécdotas de
paquetes de Marlboro y copas de gin-tonic, ha comenzado a funcionar una
comisión de investigación sobre los ERE, en el Parlamento de Andalucía:
"La comisión es un poco tardía -alerta Chamizo--. Está todo muy claro y la
jueza está haciendo una investigación exhaustiva. No me gustaría que cayésemos
de nuevo en lo que denuncié hace poco en el Parlamento y que tanto revuelo
armó. No me gustaría que cayésemos otra vez en la eterna pelea de unos contra
otros. Insisto en que la gente está ya hasta la coronilla de que todo acabe
en una discusión entre partidos adversos sin voluntad alguna de consenso.
La situación económica está cada vez peor y la gente quiere grandes acuerdos
entre todos los partidos para hacer frente a lo que va a suceder".
¿Y
qué va a suceder? Chamizo responde de inmediato: "A la gente le preocupa
una intervención de España como ocurrió con Grecia, Irlanda o Portugal, aunque
con matices. Incluso ya empiezan a aparecer artículos en prensa que ponen en
cuestión la garantía de los depósitos bancarios. La gente está nerviosa,
inquieta, todo esto lo está viviendo muy mal".
Sobre
todo en comunidades como Andalucía, eternas capitales de un paro que se agravó
tras la explosión de la burbuja inmobiliaria: "Andalucía padece un plus
mayor en esta crisis, debido al paro tan inmenso que hay y especialmente en
provincias como la de Cádiz, con un clima social que comienza un poco a
desquiciarse. La gente empieza a estar harta y a manifestarlo. Tenemos
indicadores que nos hablan de un repunte de la economía sumergida, pero también
de los actos ilícitos. Frente a la crisis, se buscan alternativas no muy
legales como el incremento de los culeros en el tráfico de drogas. Hay días que
detienen a treinta o cuarenta intentando traer hachís desde Ceuta en el
interior de sus cuerpos".
"La
Junta de Andalucía no sé si va a recortar o no, lo que sí sé es que no está
pagando. Muchas entidades, de menores, de mayores, de drogas, están acudiendo a
nosotros para decirnos que no pueden más. La coordinadora Despierta de la
Línea ha anunciado hoy el cierre de puertas porque la Junta no paga lo que debe".
En
Andalucía no sólo están en peligro políticas solidarias como las que se han
venido vinculando a una buena gestión de la Ley de Dependencia, que ahora el
Gobierno central deja huérfana, junto con importantes tijeretazos a los
presupuestos autonómicos y a la propia autonomía política: "El gran
riesgo es perder lo que tenemos. En el ámbito de la discapacidad psíquica,
por ejemplo, que es ejemplar como funciona, en todos los sectores
asistenciales, en drogodependencias y en un sector que reúne todas las
características y todos los riesgos posibles en una situación crítica, como es
la inmigración. Ya dije hace mucho que la pérdida de derechos de los
inmigrantes era un preaviso de la pérdida de los derechos de los autóctonos.
La realidad lo está confirmando. Ellos están perdiendo y nosotros también. Me
parece denigrante que no tengan derechos normalizados o que se les pretenda
negar el acceso a la salud".
Ahora,
José Chamizo sigue siendo Defensor del Pueblo de Andalucía, pero desde febrero
se encuentra en funciones. No falta quien sospecha que se ha levantado la veda
contra su figura y que, no sólo desde sectores conservadores, se alienta una
campaña contra él y contra lo que significa: "No, yo creo que no hay
una campaña, sino la típica historia que viene de un determinado sector y que
comenta que si llevo mucho tiempo en el cargo, no sé qué, no sé cuánto. Como
campaña organizada, no creo que haya nada, pero se empiezan a mover hilos, no
sé si contra este defensor en concreto o contra la institución. Me gustaría más
que fuera contra el titular que contra la institución".
No hay comentarios:
Publicar un comentario