El Estado de bienestar tiene como uno de sus componentes básicos el dotar a toda persona, a lo largo de toda su existencia, de unas condiciones económicas que le posibiliten una digna calidad de vida. Por tanto, también en el momento que deje de recibir ingresos directos de su actividad laboral. Éste es el significado de la pensión.
Históricamente, entre nosotros, esta tarea se ha realizado por medio de dotar al Estado de unos fondos provenientes de las cotizaciones de trabajadores y empresarios (que es una especie de salario diferido). La cuantía de esta cotización se calcula principalmente de acuerdo al tiempo que se trabaja y a la esperanza de vida, así como al importe que se va a percibir. El sistema de reparto hace que sean los actuales cotizantes quienes aporten el capital suficiente para cubrir las pensiones de los actuales pensionistas
Pero ahora se plantea si este sistema será el adecuado para mantenerse en un futuro próximo. Las razones son que la población jubilada crece fuertemente y vive bastantes años en inactividad laboral.
Cuando se creó el sistema actual, que fijaba la jubilación a los 65 años, la esperanza de vida media no llegaba a los 55 años, ahora está cerca de los 80. Como, a consecuencia de la crisis y al producirse tanto paro, la recaudación de la Seguridad Social por cotizaciones está disminuyendo y el desembolso en pensiones no ha dejado de crecer, el Gobierno propuso como medida, a partir de enero de 2008, trabajar voluntariamente más allá de los 65 años con la contrapartida de aumentar la cuantía de la pensión, del dos al tres por ciento por año adicional.
La Comisión Europea se hizo eco del debate sobre la sostenibilidad de las pensiones al afirmar que “el envejecimiento demográfico ha sido más rápido de lo previamente esperado y la reciente crisis económica ha tenido un fuerte impacto sobre los presupuestos, los mercados de capitales y las empresas”. Ante las complicaciones que todo esto va a suponer, abogan por aumentar la edad de jubilación a los 70 años.
Según proyecciones fiables, el colectivo español de más de 65 años pasará de 7,5 millones de personas a cerca de 17 millones en cuatro décadas; y la población que deberá mantenerles económicamente (cotizantes entre 16 y 65 años) se reducirá de 31 a 29 millones (aunque sería mejor hablar de activos, que representan menos del 70% de esta cantidad).
Dentro de este contexto tenemos que situar las reformas que pretende realizar el Gobierno en este tema de las pensiones. El día 19 de diciembre de 2010, el ministro de trabajo, Valeriano Gómez, desveló algunas incógnitas que se ciernen en el debate sobre las pensiones y abogó por un sistema flexible. Según él, la voluntad del Gobierno es elevar la edad de jubilación a los 67 años, pero quienes han cotizado más de 36 años se podrán retirar a los 65 como en la actualidad. También aquellos que trabajen en oficios considerados penosos o peligrosos podrían jubilarse antes; e incluso quienes no desempeñan su vida laboral en esos sectores podrán retirarse a los 65, si bien se les aplicarían coeficientes reductores en su pensión, igual que se hace ahora con quienes abandonan el mercado laboral antes de la edad obligatoria. El periodo de cómputo para calcular la cuantía de la pensión, ahora limitado a los últimos 15 años cotizados se elevaría a los 20 años, sin abandonar posteriormente la posibilidad de ir poco a poco ampliándola hasta los 25 años.
Sobre prejubilaciones, Valeriano Gómez se mostró tajante: “Lo importante es lograr que si alguna empresa piensa que la mejor forma de hacer frente al futuro es anticipar la retirada de sus trabajadores, esas empresas tienen que pagar”. El Gobierno central se ha comprometido a enviar al Parlamento un proyecto de Ley de reforma, para el 28 de enero que recoja estas medidas, de manera que la reforma esté terminada para el mes de marzo.
El anuncio de estas reformas provocó una fuerte conmoción en el mundo sindical. A nivel del estado, CCOO y UGT anunciaron una huelga general para el 28 de enero. Un mes después, tras varias reuniones intensas y muchas llamadas telefónicas, ambos sindicatos han descartado la huelga general ya que “hay expectativas de negociación” (Toxo) y “las partes han entendido que es posible elevar la mirada y ampliar el perímetro de materias a negociar” (Méndez) ya que ven la posibilidad de buscar un gran pacto de estado para afrontar la crisis entre sindicatos, patronal y grupos políticos. A nivel de Euskadi, los sindicatos ELA. LAB; HIRU, EHNE, STEE-EILAS, ESK mantienen la convocatoria para el día 27 de enero.
¿Cuál es la realidad objetiva de nuestro sistema de pensiones? Desde el punto de vista de los gastos, en España el gasto en pensiones es tres puntos de PIB inferior a la media europea y unos cinco puntos inferior a la de los países que más gastan. Nuestra pensión media de jubilación es de 861,49 euros mensuales. La pensión mínima de jubilación es de 558,80 euros. El 46,23% de los pensionistas recibe una pensión inferior a 600 euros y otro 24,13% entre 600 y 1000 euros. La aportación del Estado al sistema de pensiones es una de las más bajas de la Unión europea. Ante este panorama la pregunta relevante es la siguiente: ¿qué nivel de pensiones vamos a garantizar en el futuro?. Lo que no tiene sentido es que el enfoque de las reformas sea el cómo asegurar que es gasto de pensiones en proporción al PIB siga siendo de 30 años, con muchos más pensionistas, equivalente al actual.
Algunas reflexiones previas sobre la propuesta gubernamental
Si la reforma anunciada va adelante, será la reforma más regresiva de las realizadas en los últimos 25 años en España. Supondrá para la mayoría, además del atraso de la edad de jubilación en dos años, una rebaja en las nuevas prestaciones, sobre todo si se amplía el tiempo para el cómputo de la pensión a 25 años o a toda la vida laboral, porque lo más frecuente es que en los últimos años aumente más el valor de la cotización y, por tanto, correspondería mayor cuantía de pensión. Es cierto que beneficiaría a quienes no han podido trabajar en los años previos a la jubilación.
El discurso anterior del gobierno y la propia realidad del sistema español de pensiones – con superávit, con bajo nivel de gasto en pensiones en relación a los países europeos, asumiendo todavía cargas que no le corresponden, con pensiones de muy reducida cuantía, etc.- indican que el anuncio de la reforma de las pensiones no tiene nada que ver, en realidad, con el futuro de las pensiones sino con la reducción presente y futura del gasto y del déficit público.
El ahorro obligatorio que supone la detracción de una parte del salario mensual, durante un promedio de 35-40 años de vida laboral, con destino a los fondos comunes de la Seguridad Social, supone una cantidad importante de dinero que debe generar nueva riqueza para sufragar los gastos de quienes han llegado al término de su empleo, por jubilación o por incapacidad.
El revuelo que se está produciendo sobre las pensiones viene marcado por la presión del Banco Central Europeo, Comisión europea y los fuertes financieros para rebajar pensiones públicas y aumentar los planes de pensiones privadas, aspecto que en el Estado español es uno de los países donde menos se dan dichos planes.
Un Estado de Bienestar que quiera estar al servicio del bien común debe garantizar unas pensiones dignas al margen de coyunturas económicas.
Langile Pastoraltzako Elizbarrutiko Idazkaritza Bilbao.
Enero 2011. Aizu Nº 39.
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