La huelga
y las movilizaciones sociales del pasado 14 de noviembre han tenido un
planteamiento muy claro: las decisiones políticas que se están tomando son
injustas porque están empobreciendo a miles y miles de familias, están
empobreciendo a los empobrecidos, están haciendo retroceder los derechos
laborales y sociales de personas y familias; y no están representando nada para
que quienes han provocado la crisis paguen la enorme deuda que tienen con la
sociedad, continúan enriqueciéndose mientras los pobres son empobrecidos cada
vez más; están construyendo una sociedad cada vez con mayores desigualdades;
por eso se pide modificar de raíz esas políticas.
El
Gobierno responde que no va a rectificar, que continuará con las mismas políticas,
porque no hay otro camino para recuperar la economía. Insiste, además, en que
la huelga y las movilizaciones perjudican «la imagen» de España. Es curiosa esa
preocupación por «la imagen», porque contrasta con la cruda realidad. La
realidad de seis millones de desempleados con unas políticas que siguen
favoreciendo la destrucción de empleo, de ocho millones de personas que
subsisten solo con la asistencia social, de dos millones de familias sin
ingresos, de más de dos millones de niños y niñas viviendo por debajo del
umbral de la pobreza, de los miles de familias a las que una ley hipotecaria
que legaliza el robo y la práctica usurera de los bancos ha dejado sin casa, de
la reducción de las prestaciones por desempleo, del absoluto deterioro de los derechos
de trabajadores y trabajadoras, del deterioro de la sanidad y la educación por
recortes sin fin… Esa es la realidad. ¿De qué «imagen» está preocupado el
Gobierno?
Esa
realidad muestra una profunda quiebra social que se expresa en el aumento
incesante de los empobrecidos y de las desigualdades. Continuar con las mismas
políticas que han conducido a esa quiebra social, diciendo que son la única
política posible para recuperar la economía, es utilizar a las personas como si
fueran cosas. Porque no es simplemente que se estén imponiendo sacrificios a
las personas, es que se está sacrificando a las personas en nombre de una
supuesta recuperación económica que no se ve por ninguna parte. Lo que se está
haciendo es ignorar un principio básico de humanidad, que es el que permite
construir una sociedad más justa: las personas siempre deben ser lo primero.
Así lo recordaba al inicio de la crisis Benedicto XVI: «El primer capital que
se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad, pues
el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social»
(«Caritas in veritate», 25).
Esta
profunda quiebra social es una enorme quiebra de la democracia. Nuestra
democracia está gravemente herida y sangra por el costado del sufrimiento de
los empobrecidos. Esas políticas están modificando el modelo social para
continuar distribuyendo la riqueza social en favor de una minoría y en contra
de los pobres, están entregando lo que es de todos al enriquecimiento de unos
pocos. Esa es la mayor negación práctica de la democracia.
Porque la
democracia no es un mero procedimiento formal, es un sistema social que sitúa
en el centro la justicia debida a las personas. Como recuerda el Compendio de
la Doctrina Social de la Iglesia, «una auténtica democracia no es solo el
resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la
aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos
democráticos: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos
del hombre, la asunción del bien común como fin y criterio de la vida política»
(CDSI, 407). Las políticas serviles a los intereses de quienes han provocado
una enorme quiebra social con su codicia sin límites están quebrando la
democracia. Quienes luchan día a día por el derecho de los empobrecidos están
defendiendo la democracia, una democracia con sentido humano.
Editorial Noticias Obreras
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