HOAC d'Elx
Desde nuestra apuesta por la defensa de quienes viven de su trabajo, cuando pueden trabajar, y aspiran a vivir de una pensión digna, asegurada por el Estado, porque no tienen otras fuentes de ingresos, como militantes de la HOAC, cristianos comprometidos con la lucha de los trabajadores por defender sus derechos, queremos intervenir en el debate abierto sobre la reforma de las pensiones, aportando esta reflexión.
Nuestro sistema de pensiones tiene una aceptación social incuestionable. Es la mejor muestra de solidaridad entre generaciones. ¿Por qué se plantea reformarlo ahora si el fondo de la Seguridad Social sigue saneado? ¿Por qué se arriesga el gobierno a un desgaste importante en vísperas de elecciones, si no parecía urgente su reforma? ¿Quién va a salir ganando y quién perdiendo de la reforma que se está discutiendo?
La reforma la han forzado quienes venden planes de pensiones privados y les viene bien que se cree temor a no cobrar en el futuro, pero también los inversores globales –ahora llamados mercados- que no tienen rostro, así como la clase social más alta, que es la que tiene mejores trabajos, la que cotiza más alto y la que vive más años, para disfrutar de la jubilación. Con los cambios que se anuncian ganan las instituciones financieras que venderán más planes de pensiones. Por cierto, financiados en parte con dinero público, en forma de deducciones en impuestos sobre la renta.
El miedo a que el sistema sea insostenible en el futuro, se basa en considerar que la aportación del Estado para pagar las pensiones, ha de venir exclusivamente de las aportaciones del trabajo al fondo de la Seguridad Social. Es decir, uno cobra de lo que ha puesto antes –si ha puesto suficiente, claro está. No se contempla la posibilidad de que la partida presupuestaria para pensiones vaya al lado de la dedicada a educación o a sanidad o a defensa o a policía, etc. ¿Por qué no? ¿No sería más justo una buena actualización de los impuestos –que pague más quien más tiene- y que los Presupuestos Generales del Estado coparticipara, junto a las aportaciones del trabajo, en asegurar unas pensiones dignas para todos? Hoy en día nadie entendería que el acceso a la atención sanitaria, estuviera condicionada a estar trabajando y cotizando. Sería inconcebible que las personas que no están dadas de alta en la Seguridad Social, no tuvieran acceso a este servicio público. Pero hace apenas veinte años era así. Pues bien, se incorporó a Presupuestos Generales del Estado y se financia por vía impuestos. Como debe ser.
En una situación económica como la actual, que genera tanta discriminación, agudizando las diferencias entre quienes cotizan y quienes no cotizan –trabajen o no- golpea a la conciencia que se hable de aumentar los años de trabajo y de cotización. Con una incorporación al trabajo cada vez más tardía, con falta absoluta de continuidad en el puesto de trabajo, ¿quién va cotizar lo suficiente para cobrar una pensión digna?
Los primeros cálculos que se están haciendo hablan de que esta reforma, comportará una reducción media de las pensiones del 10-15%, respecto de la situación actual. Es decir, trabajar más –quien pueda- para cobrar menos que ahora –quien sobreviva.
Con esta reforma el Estado reducirá la partida presupuestaria para pensiones y las clases medias y altas generalizarán la adquisición de un plan de pensiones privado, que complemente su pensión, para no perder nivel de vida cuando se jubilen. En España hay una diferencia muy marcada de nivel de salud y de mortalidad entre las distintas clases sociales, comparada con otros países del primer mundo. Y por eso sólo llegarán a los 67 años en buenas condiciones, los que hayan tenido buenos trabajos, con poco desgaste físico. Mientras que la clase social más baja, tendrá unos problemas de salud derivados de haber realizado trabajos duros, que le impedirán seguir cotizando con tantos años de edad. Es decir que los menos pudientes -que cobran menos, se desgastan más y viven menos años-, mantendrán a los más pudientes -que cobran más, enferman menos y tienen una esperanza de vida mayor. La pensión media en España es de 785,83 euros mensuales y en la provincia de Alicante de 698,46 euros. Además, al aumentar los años de cálculo de 15 a 25 años al final del proceso, se verán perjudicados quienes hayan estado más años en paro y quienes hayan trabajado en la economía sumergida.
Los sindicatos son también grandes perjudicados, por verse obligados a firmar unos acuerdos punitivos con los trabajadores y que representan una pérdida evidente de derechos. Y la posición de debilidad con la que se han presentado a negociar, es consecuencia del escaso seguimiento que tuvo la pasada huelga general de septiembre pasado. Tan solo han conseguido retrasar la implantación y aminorar algo el recorte inicial que se planteaba en la primera propuesta.
Aunque ha habido alguna concesión a las propuestas sindicales (progresividad de la implantación, atención especial a becarios, mujeres, ancianos solos, etc. ), el conjunto de reformas nos parecen injustas (el coste del ajuste vuelve a recaer sobre los trabajadores) y con trampa (la sostenibilidad, que no está asegurada si las pensiones solo se financian con las cotizaciones, abre la puerta a futuras reformas, todavía más regresivas).
Nuestros referentes son reflexiones recientes de Benedicto XVI en Deus Caritas Est, 28: “la construcción de un orden social y estatal justo, mediante el cual se da a cada uno lo que le corresponde, es una tarea fundamental que debe afrontar de nuevo cada generación” y en Caritas in Veritate, 35: “sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica”.
Elche, 6 de febrero de 2011
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