Editorial NOTICIAS OBRERAS
Valorando la
situación que nos ha llevado a la actual crisis económica y social, Benedicto
XVI, en «Caritas in veritate» (n. 25) afirma que el funcionamiento de una
economía enferma y las decisiones políticas que se han tomado están
deteriorando las condiciones laborales y debilitando las redes de protección
social, con «grave peligro para los derechos de los trabajadores, para los
derechos fundamentales del hombre y para la solidaridad». Y hace un llamamiento
a recordar y poner en práctica un principio fundamental de la ética social: «el
primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en
su integridad».
Las políticas que
se vienen practicando desde hace años, y las que se están aplicando con la
crisis, suponen un grave retroceso en el reconocimiento práctico de los
derechos sociales. El olvido del principio básico de humanidad que subraya
Benedicto XVI, o mejor, su negación al haber puesto en primer lugar la búsqueda
del enriquecimiento, es la causa de la actual situación. Por eso, es muy
oportuno recordar hoy algunas cosas.
Los derechos
sociales de las personas son una parte muy importante de los derechos humanos,
vinculados a la dignidad de los seres humanos. Todas las personas, sólo por el
hecho de serlo, tienen derecho a la educación, a la sanidad, a una pensión
digna para la vejez, a prestaciones sociales adecuadas a cada situación
personal y familiar, a prestaciones suficientes en caso de desempleo, a unas
condiciones dignas de trabajo, etc. Sin el reconocimiento práctico de los
derechos sociales nos resulta más difícil realizar nuestra humanidad.
Los derechos
sociales son una conquista, alcanzada con mucho esfuerzo y sacrificio. Una
conquista lograda en la lucha por la dignidad de las personas. El
reconocimiento de los derechos sociales (aún hoy logrado sólo para una pequeña
parte de la humanidad) ha encontrado, siempre, mucha resistencia por parte de
los más poderosos económicamente. Por dos razones: porque un trabajador con
derechos sociales es una persona más libre, a la que es más difícil explotar y
obligar a trabajar como sea para sobrevivir; porque los derechos sociales
necesitan financiación y el dinero destinado a hacer efectivos los derechos
sociales es dinero que no va a los beneficios económicos privados.
El reconocimiento
de los derechos sociales es el resultado de decisiones políticas para dedicar
recursos sociales suficientes al ejercicio de los derechos de las personas.
Responden a una opción política en el modo de distribuir la riqueza social.
Son, pues, una conquista de los empobrecidos que hace avanzar la justicia en la
vida social.
Por eso, el
reconocimiento práctico de los derechos sociales sirve de termómetro de la
calidad democrática de una sociedad, porque mide también el grado de aplicación
de la justicia. Y al contrario, su retroceso devalúa la dignidad humana,
arruina los logros alcanzados por las personas empobrecidas, reduce la equidad
en la distribución de los bienes, degradada la democracia y restringe la
libertad de las personas.
Es preciso afirmar
con fuerza en el momento actual que la defensa y la extensión de los derechos
sociales es un deber de justicia. Deber vinculado a la afirmación de un
principio básico de humanidad, el destino universal de los bienes, que Juan
Pablo II concretó de una forma que tiene hoy un gran valor para orientar
nuestra vida y acción: «Las necesidades de los pobres deben tener preferencia
sobre los deseos de los ricos; los derechos de los trabajadores, sobre el
incremento de los beneficios» (Toronto, 14 de septiembre de 2004).
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