Con esta Declaración los miembros del
Foro “Curas de Madrid” hacemos público nuestro apoyo a la Iniciativa
Legislativa Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
para presentar próximamente en El Congreso de los Diputados. Esta Iniciativa
plantea una “Proposición de ley para la regulación de la dación en pago, paralización
de los desahucios y alquiler social”
“El único objetivo era vivir dignamente.
Vivir diez o más personas en un solo piso es inhumano. Necesitábamos la
vivienda para la reunificación familiar y de esto se aprovecharon los bancos y
las inmobiliarias ofreciéndonos créditos con todas las facilidades del mundo.”.
Así se expresan los miembros de la Plataforma.
La vivienda, bien de primera necesidad y
derecho constitucional, se convirtió en el más lucrativo de los negocios. De
2000 a 2007 el precio del metro cuadrado creció en un 106 %, mientras que los
salarios nominales - no la capacidad adquisitiva real que incluso descendió -
solamente crecieron el 8 %. Para poder acceder a una vivienda las familias se
vieron obligadas a endeudarse. Y así, la proporción de endeudamiento respecto a
la renta total de las familias creció desde el 45 % en 1995 hasta sobrepasar el
140 % en 2008.
Aprovechándose de esta situación, las
entidades bancarias, estimuladas por la ausencia de controles públicos,
incentivaron la concesión abusiva de créditos hipotecarios. De esta manera, la
banca española y extranjera - acreedora de la española - han tenido unos años
de beneficios extraordinarios. “El crédito total a residentes pasó de 701.663
millones de euros en 2002 a 1,8 billones en 2008. Un incremento gigantesco del
negocio de la banca que en un 70 % fue dirigido a la construcción o actividades
colindantes, a alimentar la burbuja inmobiliaria” (V. Navarro, J. Torres, A. Garzón,
“Hay alternativas “Ed. Sequitur, 2012)
Cargas insoportables
“Hemos cumplido fiel y minuciosamente -
siguen diciendo los afectados -con nuestros compromisos mientras hemos tenido
trabajo. No es voluntad de no pagar, es que no podemos… Y vemos que todos los
poderes de este país están dedicados a rescatar a los bancos y cajas que
disfrutaron de la burbuja inmobiliaria; mientras que las ejecuciones
hipotecarias y los desahucios están incrementando aceleradamente la cantidad de
familias marginadas y arrojadas a la exclusión social”
El estallido de la burbuja inmobiliaria
ha dejado en España unas altísimas tasas de desempleo. La disminución de
ingresos hace que muchos hogares no puedan afrontar el pago de la hipoteca. Los
activos inmobiliarios de los bancos se derrumban y sus acreedores extranjeros
exigen que los bancos españoles les paguen su deuda. Pero la carga se va
trasladando hasta los últimos y más débiles eslabones de la cadena, familias
inmigrantes y españolas, a costa de lo que sea.
Ya que el
ordenamiento español prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria que
comporta no sólo la pérdida de la vivienda habitual, sino también la
posibilidad de que se embarguen los salarios y otros bienes presentes y
futuros. La entidad bancaria pueda adjudicarse la vivienda por tan sólo el 50%
del valor de tasación y seguir exigiendo a la familia el monto restante, más
los intereses generados y los gastos del procedimiento judicial. Lo que supone dejar
a muchas familias en la calle y con una deuda que hipoteca a ellos y a sus
avalistas para toda la vida, que las excluye definitivamente de cualquier
circuito financiero o crediticio.
Se nos quiere hacer creer que “hemos
vivido por encima de nuestras posibilidades” que “lo primero que hay que hacer
es devolver las deudas” etc. etc.... El Foro “Curas de Madrid” consideramos que
aspirar a una vivienda digna no supone vivir por encima de nuestras
posibilidades. Los datos del Banco de España revelan que sólo un 16
% de las familias más pobres han recurrido al endeudamiento; y que, cuando lo
han hecho, ha sido fundamentalmente para pagar su única vivienda. Mientras que
un 65 % de las familias más acaudaladas se ha endeudado para comprar una
segunda o tercera vivienda y especular con ella.
Son sobre todo estos sectores que, por
otra parte, suelen coincidir con los accionistas de las entidades financieras,
los que han vivido y siguen viviendo por encima de las posibilidades de todos.
Y son los que quieren cargar, y lo están consiguiendo, ese enorme fardo de la
deuda que ellos han generado sobre las espaldas de todos los ciudadanos.
En la actualidad, el Estado se está
endeudando, todos los ciudadanos nos estamos endeudando y perdiendo de nuestros
derechos en educación, sanidad, atención a dependientes, etc. etc. para
rescatar las deudas generadas por los bancos – el 83 % del deuda total del país
es privada contraída sobre todo por las entidades financieras - .Mientras,
ellos siguen enriqueciéndose, especulando con esa misma deuda pública y
utilizando estas ayudas del Estado para acrecentar los dividendos de sus
accionistas, no para facilitar el crédito a familias y empresas.
Pero, aunque se van dando pasos debidos
sobre todo a la presión popular, los bancos, en general, no aceptan renegociar
las condiciones hipotecarias que permitan a las familias ir devolviendo esa
deuda sin tener que renunciar a una vida digna. Se apoyan para ello en una
legislación establecida por el abusivo poder económico y político que en nuestro
país tienen las entidades financieras.
La vivienda es un derecho no un negocio
La Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española declaraba recientemente: “Para las familias que no pueden
hacer frente al pago de sus viviendas y son desahuciadas, es urgente encontrar
soluciones que permitan hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la
calle. No es justo que, en una situación como la presente, resulte tan
gravemente comprometido el ejercicio del derecho básico de una familia a
disponer de una vivienda” (“Ante la crisis, solidaridad”, 4-10-2012)
Por
nuestra parte consideramos que un Gobierno consciente de la cuota de
responsabilidad de las entidades financieras y de las propias administraciones
públicas en lo ocurrido, debería colocar el derecho a la vivienda de las
personas por encima de los beneficios abusivos de la banca.
Por todo ello, apoyamos los cambios
legislativos que propone la Iniciativa Legislativa Popular:
1.- Que se reconozca
la dación en pago en la ejecución hipotecaria.
2.- Que se paralicen los desahucios
cuando se trate de la vivienda habitual y el impago del préstamo sea debido a
motivos ajenos a la voluntad del hipotecado.
3.- Que se reconozca el alquiler
social. De manera que el ejecutado pueda seguir residiendo en la vivienda pagando
un alquiler no superior al 30 % de sus ingresos.
Queremos asimismo manifestar nuestro
agradecimiento a todos los que en estos meses están dedicando su tiempo y
preparación técnica para denunciar y encontrar vías de solución a estas
situaciones. Nos referimos, por ejemplo, a personas del Movimiento 15-M, de
Asociaciones de Vecinos, Sindicatos, Parroquias y otras plataformas, y todos
los que individualmente están colaborando en esta tarea. Consideramos que
constituye un signo de esperanza el que, a pesar de la cultura individualista e
insolidaria en la que a menudo se nos pretende educar, todavía haya sectores
sociales que no han renunciado a la dignidad de ciudadanos responsables y
solidarios.
Con esta declaración hacemos nuestra la
indignación de Jesús ante los poderes de la sociedad en que él vivió: “En la
cátedra de Moisés han tomado asiento los letrados y fariseos… Lían fardos
pesados, cargas insoportables, que cargan sobre la espalda de los demás,
mientras ellos no quieren empujar ni con un dedo” (Mt. 23 / 4)
Foro
“Curas de Madrid” (http://www.forocurasdemadrid.org/)
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