Reproducimos el informe elaborado por siete
magistrados por encargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que
finalmente el organismo ha decidido no aprobar, en el cual se critican los
abusos del sistema legal de desahucios y proponen soluciones como la dación en
pago.
PROPUESTAS EN MATERIA DE
SOBREENDEUDAMIENTO FAMILIAR Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL DEUDOR FRENTE A LAS
CONSECUENCIAS DE LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA (DEUDA, AVAL Y PÉRDIDA DE LA
VIVIENDA).
A lo largo de la última década, el exceso de confianza
motivado por las burbujas inmobiliaria y financiera, unido al sueño de tener un
hogar propio y a la mala praxis de las entidades bancarias, se ha traducido en
una generalizada extensión del crédito hipotecario sin valorar las
posibilidades reales del deudor y en la comercialización irresponsable, cuando
no torticera, de productos financieros complejos.
El estallido de ambas burbujas en el año 2008
ha abocado a una gravísima crisis que se ha traducido, de un lado, en la
necesidad de recapitalización de los bancos, que han restringido el crédito y
sacado a la luz las miserias de determinados productos como las participaciones
preferentes, y, de otro lado, el sobreendeudamiento de los ciudadanos, que han
visto considerablemente mermada su capacidad para hacer frente a las cuotas de
los préstamos y que cada vez más se encuentran inmersos en procedimientos de
ejecución que terminan en la subasta y adjudicación de sus viviendas por un
precio muy inferior al de compra, con el consiguiente riesgo de exclusión
social.
En este sentido, en los últimos cuatro años y
como consecuencia de la crisis económica se ha producido un incremento notable
de las ejecuciones hipotecarias hasta el punto que hoy se registran cinco veces
más que al inicio de la crisis. Y el peor dato es que la tendencia sigue siendo
al alza; en este año 2012 ya se ha constatado un incremento del 20,6% respecto
el mismo periodo del año anterior, hasta el punto de que las ejecuciones
hipotecarias en España desde que comenzó la crisis rondan ya las 350.000.
Sin embargo, no se trata de frías cifras.
Cada uno de dichos procedimientos -al menos los que afectan a la vivienda
habitual- encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la
exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o
sufrir una drástica reducción de sus ingresos, se ven incapaces de satisfacer
las cuotas de unos préstamos que concertaron en época de bonanza económica (por
tanto no con fines especulativos o por pura pretensión suntuaria), simplemente
para adquirir una vivienda digna que tras el estallido de la crisis no pueden
pagar.
Por otro lado, a estas alturas ya nadie
discute que las entidades bancarias no han sido ajenas al estallido de la
burbuja económica que ha generado la crisis y en no pocas ocasiones han actuado
con cierta ligereza en la concesión de créditos hipotecarios.
A pesar de ello disponen de una importante
ventaja frente a cualquier acreedor:) un procedimiento privilegiado para el
cobro de créditos hipotecarios, creado en 1909 debido a la presión de los
bancos, que pretendían disponer de un procedimiento que les permitiera cobrar
sus deudas de forma rápida; proceso judicial extremadamente agresivo frente al
deudor que dota a la escritura de préstamo hipotecario de mayor eficacia incluso
que una sentencia ya las posibilidades de que dispone el deudor para oponerse
son muchas menos que si se tratara de la ejecución de una sentencia.
En este sentido se pronuncia un interesante
informe publicado este mismo año denominado "Crisis económica y deudores
hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo" en el que
se describe perfecta y sintéticamente la situación: Se destaca que la crisis
económica ha dado lugar a un sobreendeudamiento de los particulares que ven
reducida su capacidad para el pago de las cuotas; se denuncia que las viviendas
cada vez valen menos pero la deuda se incrementa con los gastos e intereses;
que aumentan los lanzamientos y el riesgo de marginación social, y que el
deudor no puede liberarse de la deuda, dado que en nuestro ordenamiento no cabe
la dación en pago.
En este contexto se subraya también en el
informe que las entidades de crédito han otorgado de forma masiva créditos
hipotecarios debido a la euforia de los tiempos de bonanza económica
descuidando las garantías ante la fuerte competencia. En fin, y en relación a
las ayudas públicas que perciben los bancos, el Defensor del Pueblo enfatiza
que dichos beneficios no se extienden a la otra parte de la relación
hipotecaria, y el deudor se encuentra indefenso en el marco de una crisis
económica que no ha provocado.
A todo ello se podría añadir que, finalizada
la ejecución y tras la oportuna subasta, los inmuebles suelen ser adjudicados
al banco, y generalmente por un precio muy inferior al de mercado -porque así
lo permite la legislación procesal- y pasan a integrar sus activos
inmobiliarios, quedando muchas veces desocupados durante años ante la ausencia
de potenciales adquirentes, dado que en un círculo vicioso la crisis económica
ha reducido al mínimo la demanda.
Muy similares conclusiones se alcanzaron en
la primera Jornada del ciclo "Crisis Económica y Derechos Humanos"
que organizó la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española sobre
“Alternativas al desahucio de deudores hipotecarios” celebradas el pasado mes
de marzo en Madrid. Este panorama evidencia una situación excepcional que
requiere soluciones excepcionales, pues es evidente la enorme preocupación
social sobre el incremento de los desahucios.
El punto de partida debe ser extender al cliente
sobreendeudado (obviamente siempre que lo sea de buena fe) una parte de los
beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado, pues en otro caso el deudor
se verá abocado a la ruina, a la pérdida del local donde ejerce su actividad
empresarial o profesional (que es su medio de vida), o lo que es peor, su
vivienda habitual.
Por lo tanto, deberían arbitrarse ciertas
medidas protectoras del deudor de buena fe, en determinadas circunstancias y
siempre desde la prudencia. Se trataría de buscar una solución equilibrada que
evite la exclusión social y distribuya equitativamente las consecuencias de la
crisis económica. La respuesta a esta situación se ha plasmado en sucesivas
medidas de política económica tendentes a la inyección de beneficios y ayudas
públicas a la banca para conseguir una mínima recapitalización y que el crédito
vuelva a fluir.
No obstante, y sin que esto signifique caer
en populismo o demagogia alguna, tales medidas deben completarse con otras que
permitan extender aquellas ayudas a los particulares y buscar soluciones que
mitiguen la situación existente y repartan las cargas sociales derivadas de la
crisis económica y que hoy afectan exclusivamente a los ciudadanos, el eslabón
más débil de la cadena.
Es verdad que, aunque tímidamente, el camino
parece haberse iniciado. Así, el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, elevó
el nivel de inembargabilidad en el caso de deudores que hubieran perdido su
vivienda habitual hasta el 150% del SMI, aumento del 50% al 60% del valor de
tasación el límite mínimo para la adjudicación del inmueble y redujo al 20% el
depósito exigido para tomar parte en la subasta. Y, más recientemente, el RD
Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios, aprobó el denominado "Código de Buenas Prácticas".
Lo cierto es que, a pesar de las buenas
intenciones que inspiran estas soluciones y de los medios puestos a disposición
de la ciudadanía, sobre todo a través del arbitraje, no se ha alcanzado el
resultado perseguido, fundamentalmente por las estrictas condiciones para fijar
las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que sólo un
porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, pueda acogerse a dichos
beneficios.
A título de ejemplo, el Código de Buenas
Prácticas, además de ser de asunción voluntaria por las entidades bancarias,
únicamente se aplica a deudores que estén en el umbral de exclusión, es decir,
que cumplan los siguientes requisitos:
a) Todos los miembros de la unidad familiar
tienen que carecer de rentas;
b) La cuota hipotecaria tiene que ser
superior al 60% de los ingresos netos del conjunto de los miembros de la unidad
familiar;
c) Carecer de otros bienes o derechos
patrimoniales suficientes para hacer frente a la deuda;
d) La hipoteca debe recaer sobre la única
vivienda en propiedad;
e) El préstamo debe carecer de otras
garantías, reales o personales;
y f) Si existen codeudores que no formen
parte de la unidad familiar, deberán estar incluidos en las circunstancias a),
b) y c).
Por otra parte, el Código sólo se aplica a
aquéllas viviendas cuyo precio de adquisición no exceda de determinados límites
(en municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes: 150.000 euros, y en
municipios de hasta 100.000 habitantes, 120.000 euros).
Y en todo caso las soluciones propuestas se
plasman en tres fases de actuación:
a) Aplicación a los préstamos de una carencia
en la amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante
cuatro años y la ampliación del plazo total de amortización;
b) Cuando esta reestructuración no fuese
suficiente, las entidades podrán ofrecer una quita sobre el conjunto de la
deuda; y
c) Si ninguna de las medidas anteriores
permite a los deudores asumir la continuidad del pago del préstamo, los propios
afectados podrán solicitar, y las entidades deberán aceptar, la dación en pago,
pudiendo las familias permanecer en la vivienda hasta dos años, siempre y
cuando paguen un alquiler asumible.
El resultado ha sido que, en los casi seis
meses desde su entrada en vigor, la aplicación de esta norma ha sido meramente
testimonial, sin que se prevea a corto plazo un cambio en la tendencia
precisamente debido a lo riguroso de los requisitos exigidos.
Cierto es que resulta difícil encontrar
soluciones mágicas para estos problemas, que en muchos casos encierran
verdaderos dramas personales, con familias que se ven privadas de sus viviendas
y ahorros y abocadas a un serio peligro de marginación social.
Como también que estas dificultades se
multiplican día a día dada la actual crisis económica y de limitación de
recursos.
Por tanto aun respetando el principio de
responsabilidad patrimonial universal del art. 1911 del Código Civil, sería
conveniente abrir un debate y estudiar medidas que palien en la medida de lo
posible la desgraciada situación en la que se encuentran miles de familias en
este país como consecuencia de la crisis económica, con riesgo de pérdida de su
vivienda, frecuentemente el bien de mayor valor del que disponen y que
constituye su hogar, y ello a un precio muy inferior a su valor real y que no
permite saldar una deuda que arrastrarán de por vida arruinando también su
futuro.
En suma, existen algunas medidas en estudio
por distintos operadores jurídicos (muchas de ellas propuestas en el aludido
informe del Defensor del Pueblo) y entre las que cabría destacar por su interés
las siguientes:
a) la determinación del concepto de
"deudor hipotecario de buena fe" a efectos de establecer las bases de
aplicación de las medidas excepcionales que se enumeran a continuación y que,
por su razón de ser, deberían centrarse a los supuestos en que la ejecución
hipotecaria se refiera a la vivienda habitual o a locales de negocio, al
entender que han de ser objeto de una especial protección;
b) la flexibilización de los estrictos
requisitos que establece el RD-Ley 6/2012 para acogerse al Código de Buenas
Prácticas, elevando el del denominado umbral de exclusión;
c) la limitación de los intereses moratorios
en términos similares a los previstos en el art. 20 Ley 16/2011 de 24 de junio
de Contratos de Crédito al Consumo (prohibición de intereses superiores en 2,5
veces al interés legal del dinero en caso de descubierto);
d) el establecimiento de un régimen especial
en el caso de ejecución de préstamos hipotecarios cuando se refieran a la
vivienda habitual o a los locales de negocio en el sentido que postula el
aludido informe del Defensor del Pueblo;
e) la modificación del procedimiento de
ejecución hipotecaria, privilegio procesal de los bancos para una tutela
judicial reforzada, que surgió a principios del siglo pasado en un contexto que
nada tiene que ver con la situación de crisis actual, sobre todo teniendo en
cuenta que se trata de un proceso en el que el deudor prácticamente nada puede
alegar u oponer, por lo que se propone reconducir la ejecución hipotecaria a
las normas generales de la ejecución ordinaria, como sucede con cualquier otro
crédito que conste documentado en escritura pública, pues de este modo al menos
el deudor dispondría de un catálogo de motivos de oposición a la ejecución
(pago, nulidad de la ejecución, prescripción, etc.);
f) la atribución de facultades al Juez para
que pueda acordar moratorias dejando transitoriamente en suspenso el pago de
las cuotas hipotecarias en caso de que concurran circunstancias excepcionales,
en términos similares a los que prevé el art. 11 de la Ley 28/1998 de 13 de
julio reguladora de la venta a plazos de bienes muebles, que autoriza al juez a
conceder una moratoria en cuanto al pago de las cuotas "con carácter
excepcional y por justas causas apreciadas discrecionalmente, tales como
desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo, larga enfermedad u otros
infortunios";
g) la revisión legal del concepto de fuerza
mayor del art. 1105 Cc y la redefinición de la cláusula "rebus sic
stantibus" que permitiría suspender el cumplimiento de obligaciones cuando
el cambio de circunstancias impidan al deudor su cumplimiento momentáneo por
motivos ajenos a su voluntad;
h) la modificación del régimen de tasación de
las viviendas, a realizar por expertos independientes;
i) la elevación del porcentaje de
adjudicación al acreedor (actualmente el 60% del valor de tasación) a que alude
el art. 671 LEC: la Ley hoy permite a las entidades bancarias adjudicarse
bienes por valor notoriamente inferior al real cuando debería realizarse por su
valor real y con arreglo a una tasación realizada por peritos independientes
ajenos a la entidad crediticia;
j) la regulación imperativa en determinadas
circunstancias de la entrega de la vivienda como modo de extinción del crédito
(la famosa dación en pago que hoy sólo cabe si se ha pactado conforme al art.
140 LH);
k) El establecimiento de periodos de carencia
en la amortización del capital, ampliación del plazo de amortización, reducción
provisional del tipo de interés, y quitas, cuando concurran circunstancias que
lo aconsejen (el Código de Buenas Prácticas del RD-Ley 6/2012 prevé estas
medidas pero sólo en supuestos muy excepcionales y con carácter voluntario para
los bancos);
l) la potenciación y centralización de las
subastas electrónicas por internet para ampliar el número de interesados y
mejorar el tipo de adjudicación de la subasta, poniendo al servicio de los
Juzgados los medios telemáticos necesarios;
m) la regulación de un procedimiento
concursal específico para las personas físicas y que permitiera, en según qué
circunstancias predeterminadas, la paralización de ciertas ejecuciones;
n) la previsión y ampliación de los supuestos
en que el deudor puede, en determinadas circunstancias, continuar utilizando la
vivienda habitual o el local de negocio satisfaciendo el oportuno canon y
mediante la fórmula jurídica que se estime oportuna (arrendamiento, leasing,
derecho de habitación, etc).
o) la limitación de gastos en caso de mora
que hacen crecer la deuda desproporcionadamente agravando la situación del
deudor;
p) la ampliación de la posibilidad de que el
deudor pueda poner fin a la ejecución pagando las cuotas adeudadas y
rehabilitando el préstamo, ya que actualmente la ley sólo permite usar de esta
posibilidad una vez cada cinco años (art. 693.3º LEC);
q) la mediación previa o simultánea
obligatoria en las ejecuciones hipotecarias; y,
r) la creación de Comisiones Mixtas, con
presencia de la Administración, la banca y los consumidores, para favorecer
soluciones que posibiliten una salida negociada.
En fin, podrán compartirse o no las medidas
propuestas. A buen seguro se considerarán muchas de ellas improcedentes,
inviables o incluso descabelladas.
Pero lo que no puede negarse es que es
preciso que se inicie un debate jurídico serio (el debate social ya existe) y
se plantee una revisión del régimen legal y procesal de ejecución de los
préstamos hipotecarios, ya que el número de lanzamientos o desahucios derivados
de la ejecución de hipotecas puede considerarse como un auténtico drama social.
Artículo publicado en FACUA
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